La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncian que los policías y guardias civiles en prácticas cobran actualmente por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
“El importe mensual asciende a 836,41 euros mensuales brutos, a los que se deben añadir las pagas extraordinarias correspondientes, mientras que el SMI está fijado en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, 15.120 euros brutos al año”, señalan a Confilegal.
Ambas organizaciones han enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al de la Guardia Civil, Leonardo Marcos González, reclamando una solución legal que acabe con la precariedad salarial de los agentes en periodo de formación en las respectivas academias, quienes cuentan con “una edad media de entre 25 y 35 años”.
La academia de la Policía Nacional está en Ávila y la de la Guardia Civil en Baeza (Jaén). Se accede a ellas tras superar una dura oposición y esta etapa de formación dura 9 meses en ambos Cuerpos, a la que luego le sigue un año de prácticas en el destino designado. Tras su paso por Ávila y Baeza se les ofertan unas plazas y en función de las notas que hayan sacado en la academia quedan escalafonados y eligen el periodo de formación en el destino que hayan elegido en función de ese escalafón.
En sendas misivas, la secretaria general del SUP, Mónica Gracia Sánchez, y el secretario general de la AUGC, Juan Fernández Hernández, denuncian que en la época en que vivimos es “insostenible” atravesar el proceso de formación con unas cuantías mensuales que se alejan del mínimo salarial que la ley establece para todos los trabajadores.
Así, SUP y AUGC unen fuerzas para reclamar que policías y guardias civiles tengan “un salario acorde a la realidad social de España”.
“Es necesario revisar los sueldos en las academias de formación y adaptarlos a las últimas actualizaciones del SMI”, sostienen.
También han denunciado esta situación a PSOE, Sumar, PP y VOX, y les han instado a colaborar, en la medida de sus posibilidades, en la modificación normativa que ponga remedio a esta problemática.
En concreto, en su misiva reclaman que se libre una partida presupuestaria a través de un Real Decreto-Ley o de un Real Decreto, en el que “se establezca un mecanismo de compensación -como se ha hecho con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil- donde se ingrese en nómina esa diferencia hasta llegar al SMI”.
Piden que para la próxima reunión de la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de la Policía se incluya en el orden del día la propuesta de iniciar la tramitación y las modificaciones oportunas “a fin establecer como norma jurídica que los haberes que perciben los policías alumnos de la Policía Nacional no puedan ser inferiores a la cantidad que cada año fije el Consejo de Ministros como SMI”.
Subrayan que aunque el SMI no resulte directamente aplicable a los funcionarios, los principios que lo inspiran y sirven de justificación para la determinación de su cuantía anual “resultan extrapolables al ámbito de la función pública, tal y como se desprende del Preámbulo del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero.
El mismo alude, entre otras cosas, al derecho a una remuneración “equitativa y suficiente” que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un “nivel de vida decoroso” y a la necesidad de que el salario mínimo interprofesional alcance el 60 % del salario medio en 2023.
DE ESOS 800, CASI 300 SE DETRAEN PARA COMIDA POR LA EMPRESA ALBIE
En su escrito, AUGC y SUP establecen marcos comparativos con diferentes categorías profesionales, por hora trabajada, por jornada, etc, dejando claro que los aproximadamente 800 euros que se perciben durante la etapa de alumnos distan bastante de “los mínimos, no sólo legales, sino razonables para afrontar el mes una familia”.
“Más si cabe cuando una parte importante de esa cifra, 300 euros, la tienen que derivar a la empresa Albie para hacer frente a la manutención (comida)”, apuntan.
Según informan ambas organizaciones a este diario, “muchos alumnos” afiliados les comunican que se encuentran “en una situación de vulnerabilidad al tener que afrontar gastos corrientes como puede ser el pago de una hipoteca, que no les llega”.
Con esta iniciativa, ambas organizaciones esperan contribuir a la mejora en la vida de “miles” de funcionarios de la seguridad pública que año tras año se enfrentan a este periodo profesional “en el que la concentración y el equilibrio vital son determinantes para el buen fin de calendario de formación”.
AUGC y SUP esperan que esta reivindicación sea tenida en cuenta por los responsables de ambos Cuerpos y den traslado a los ministerios involucrados para la puesta en marcha de la solución, así como que cada partido, en función de su responsabilidad, colabore para que los miles de policías y guardias civiles de toda España vean cumplida esta medida en la inminente nueva legislatura.
