La obligación es para todas las empresas de más de 50 trabajadores.
El 30 de noviembre se acaba el plazo para que las empresas activen el canal de denuncia: las sanciones llegan hasta los 600.000 €
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06/11/2023 06:30
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Actualizado: 06/11/2023 12:16
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El 30 de noviembre próximo finaliza el plazo para que las empresas y entidades públicas tengan implantado un canal de denuncias y un sistema interno de información que proteja al informante de cualquier comunicación relativa a incumplimientos normativos y lucha contra la corrupción.
Así lo establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Más conocida como la Directiva «Whistleblower».
¿Es obligatorio para todas las empresas y entidades públicas?
Sí, la Ley es obligatoria para todas las empresas de más de 50 trabajadores y de todas las administraciones públicas. También se incluyen partidos políticos, los sindicatos, escuelas, organizaciones empresariales y sus fundaciones siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Desde el 13 de Junio de 2023 ya era obligatoria para empresas de más de 250 empleados y casi todo la administración pública.
A partir del 1 de diciembre de 2023, se incluyen las empresas de más de 50 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes.
¿Qué tiene que tener ese canal de denuncias?
Para que se esté cumpliendo con esta norma, el canal que es un componente del sistema interno de información, debe de tener las siguientes funcionalidades:
• El canal interno debe permitir la presentación de comunicaciones por escrito y verbalmente vía telefónica o a través de mensajería de voz.
• La gestión del sistema y la recepción de del informante puede llevarse a cabo bien por la propia entidad, bien por un tercero externo siempre que se respete la independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de comunicaciones.
La comunicación que realice el informante será investigado por la organización con las máximas medidas de confidencialidad para preservar al informante, su comunicación y terceras personas.
El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación no puede ser superior a 3 meses desde la recepción de la comunicación. Todos los obligados a disponer de un canal interno de informaciones deberán contar con un libro-registro, que no es público, de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar.
La Ley otorga protección frente a las represalias que puedan sufrir quienes informen sobre infracciones, por eso la importancia que las organizaciones maximicen la protección no solo en el canal sino en el sistema interno de información. Se establece un régimen de infracciones tendentes a garantizar los derechos contenidos en esta Ley.
¿Cuáles son las infracciones por no tener un canal de denuncias correcto?
En caso de infracciones muy graves se puede acordar una amonestación pública; la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de 4 años o la prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de 3 años.
Además, las sanciones de cuantía igual o superior a 600.001 € podrán ser publicadas en el BOE.
Las sanciones leves, graves y muy graves, pueden ser sancionadas con multas que van desde los 1.000 € hasta los 300.000 € en caso de ser cometidas por personas físicas o hasta 1.000.000 € si se cometen por personas jurídicas.
¿Es complicado de implementar?
No, lo único que tienes que hacer es activar un canal en alguna de las plataformas especializadas en canal de denuncias. Crear y configurar el propio canal de empresa, definiendo quién será el responsable del mismo y añadir el enlace de tu canal en tu página web.
¿Es seguro un canal de denuncias?
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, expresamente regula la necesidad de protección de la identidad delas personas informantes para evitar que puedan sufrir represalias o acoso; además es necesario evitar la fuga de información relacionada con los asuntos denunciados, que son de especial sensibilidad para cualquier organización.
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