La asociación de juristas Movimiento 24.2, artículo de la Constitución que garantiza el derecho a un juez independiente, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil, a los colegios profesionales y a las universidades para que manifiesten, por todos los cauces que establece la Carta Magna, su «contundente rechazo a una amnistía que realmente supondrá la liquidación del régimen democrático, surgida de la voluntad del pueblo español, única sede de la soberanía, proyectada sobre un Estado de Derecho que desgraciadamente ha de defenderse frente a sus enemigos».
La junta directiva del Movimiento 24.2, nacido en 2018, está formada por el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y abogado, Nicolás González-Cuéllar –que la preside–; por el exmagistrado del Tribunal Supremo y abogado, Adolfo Prego; y por el exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado, Ignacio Gordillo.
El Movimiento 24.2 desarrolla en cuatro puntos principales su razonamiento, contrario a cualquier tipo de negociación con el prófugo expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para obtener los siete votos que permitirían al actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afrontar, en el Congreso de los Diputados, una investidura con éxito.
«La amnistía de los gravísimos delitos cometidos por los golpistas que atacaron con saña la unidad de España y el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, incluido el delito de malversación de caudales públicos, como confesado precio para la investidura del actual candidato a Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Castejón, constituye un acto de traición a España, de turbia naturaleza corrupta», afirma en su primer punto.
HUMILLACIÓN Y CLAUDICACIÓN DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL ANTE LOS GOLPISTAS
Movimiento 24.2 recuerda que lo que se pretende con esta ley de amnistía es que «se olviden los delitos cometidos -incluidos posibles delitos de terrorismo, según criterio del Magistrado competente de la Audiencia Nacional- y que se pierda la memoria de la posición contraria a la amnistía del que sería beneficiario de la humillación y claudicación de la España constitucional ante los golpistas, para satisfacer, por un puñado de votos, su ansia de poder y carencia de escrúpulos, el mencionado Sr. D. Pedro Sánchez Castejón».
Si esto se produjera, advierte esta asociación, «España se deslizará por el plano inclinado de los Estados fallidos, donde las instituciones se arrodillan ante los delincuentes (golpistas, terroristas, narcotraficantes o de otra tipología), para la desgracia de sus pueblos».
Y termina con un referencia clara al mensaje que con ello se está transmitiendo a la ciudadanía.
Un mensaje que no es otro que el de que «el poder político se encuentra por encima del Derecho en la aplicación de la justicia y que las leyes no se aplican por igual para todos. Se impondrá la conclusión de que el poder carece de límites y de que los privilegiados pueden imponer sus intereses contra el ordenamiento jurídico, idea destructiva para la necesaria ligazón moral entre la ciudadanía y las normas, la cual constituye la base del cumplimiento voluntario del Derecho. Se sembrará, así, desde el egoísmo y contra la solidaridad, el germen del caos».
