La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, cree que hay que actuar «con serenidad, con calma y con respeto a las instituciones» ante la futura ley de amnistía, tras registrar el PSOE el texto en el Congreso después del acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
A juicio de Ortega, que no ha leído la propuesta «con detenimiento» y con «la calma que exige», lo que hay que hacer es esperar a que las cámaras actúen, pues son las competentes para estudiar, examinar y debatir el texto, y a que lo hagan también, después, los tribunales de justicia, «conforme consideren» que lo tienen que hacer.
La presidenta de los abogados españoles ha respondido así este martes a preguntas de los periodistas en Santander, donde también ha sido cuestionada por el debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves, y en el que, ha dicho, el presidente en funciones y que previsiblemente será reelegido en el cargo dará las explicaciones que considere conveniente.
Ortega ha hechos estas declaraciones a los medios con motivo de su participación en la inauguración de una plaza en homenaje a los letrados que prestan el servicio de justicia gratuita, denominada de la Abogacía del Turno de Oficio y ubicada frente a la iglesia de Las Salesas de la capital cántabra.
En el acto también han participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, entre otros, y estos dos últimos han sido igualmente preguntados por la amnistía y la investidura.
El portavoz del TSJC, dada su «posición», se ha remitido al comunicado emitido por este órgano a través de sus representantes, y que se ha adherido a otros difundidos por el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, salas de gobierno de tribunales superiores -Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid- y más colectivos, como los que representan a la abogacía y a los procuradores, con «contenidos tan expresivos y tan bien expresados que no podemos si no reproducir», se ha limitado a comentar López del Moral.
En su comunicado, la Sala de Gobierno del TSJC acordó, por unanimidad, suscribir el emitido por las asociaciones judiciales ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura de Sánchez, mostrando su «rechazo» por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias.
«Contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», rezaba el documento remitido por el alto tribunal cántabro, para el que esto «podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
Con el comunicado, el TSJC se sumaba también a lo expresado por la Asociación de Fiscales, Jueces decanos y Presidentes de Audiencias Provinciales, Letrados de la Administración de Justicia y Colegio de la Abogacía de Cantabria, cuyo decano ha puesto la atención en una posible judicialización de la política y de que, a través de comisiones de investigación, «se exijan responsabilidades a los jueces y los magistrados».
«Somos un Colegio profesional, aséptico y apolítico, y lo que nos preocupa es lo relacionado con nuestra profesión», ha agregado Andrés de Diego.
