La formación radical de izquierdas considera que tanto el presidente por sustitución como los nueve vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se excedieron en sus competencias al convocar un Pleno extraordinario el pasado 6 de noviembre y aprobar una declaración contra la futura ley de amnistía cuando todavía no se conocía el contenido de la misma ni se había registrado en el Congreso de los Diputados.
La querella, que se interpondrá hoy ante el Tribunal Supremo, va dirigida contra Vicente Guilarte, presidente por sustitución –que voto en blanco –, Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, según informa la Cadena Ser.
En aquel texto, el CGPJ afirmó que la ley de amnistía «cercenaba derechos fundamentales», expresaba su «preocupación por la degradación del estado de derecho» y hablaba del «beneficio personal para un aspirante a presidente del Gobierno».
De acuerdo con Sumar, estas valoraciones desbordan su naturaleza. Además, dicen, actuaron con falta de rigor jurídico y se posicionaron a favor de la postura de un partido político. Y la actuación de los vocales fue ilegal, arbitraria e irresponsable ya que, según su equipo jurídico, trasladaron un mensaje apocalíptico para contribuir a una mayor crispación social.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes, con 9 votos a favor, 5 en contra y 1 voto en blanco, una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
La declaración decía que, de aprobarse una ley de amnistía, supondría «la abolición» del Estado de Derecho en España.
Fue aprobada por 9 votos a favor, 5 en contra y 1 voto en blanco.
«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», afirmaba esa declaración.
El ala progresista del CGPJ recordó entonces que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
