La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha denunciado que la Ley de Amnistía es la «guinda del pastel a ataques y leyes que desapoderan a los jueces». «Lo cierto es que llevamos mucho tiempo viendo cómo se trata de cercenar la función de los jueces y atacar la esencia de nuestra labor, que es actuar con independencia con sujeción a la constitución y a la ley», ha lamentado.
Del Barco ha hecho estas declaraciones en la Universidad de Deusto, antes de participar en la apertura del XXXVI Congreso nacional de la APM que, bajo el título de ‘La dignidad de ser juez’, se celebra hasta este próximo viernes en Bilbao.
Según ha explicado, cuando la asociación que preside eligió ese lema, fue para defender «lo que efectivamente somos». «Vivimos ataques constantes, ataques verbales, leyes que cada día nos desapoderan dentro del propio juzgado, y la guinda ya del pastel va a ser la ley de amnistía, que deja palmariamente sin efecto las resoluciones judiciales. Y, sobre todo y lo más importante, vulnera uno de los principios esenciales de nuestra constitución, que es la igualdad de todos ante la ley», ha añadido.
En su opinión, cuando se hace una ley que afecta directamente a la ejecución de una resolución judicial y que supone una «intromisión» en las funciones del Poder Judicial, «quien debería pronunciarse, en todo caso, es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano gobierno de los jueces y que tiene previsto, además, un trámite en la ley orgánica para hacer sus informes, que no son vinculantes, pero sí que deberían ser preceptivos».
No obstante, ha reprochado que «no se va a escuchar ningún informe de ninguno de los órganos consultivos». «Por tanto, estaremos a ver qué es lo que sale y lo que finalmente sale en la Ley de Amnistía cuando se acabe de aprobar», ha indicado.
La representante de la asociación de magistrados ha recordado el comunicado conjunto de los jueces, tan pronto conocieron el contenido del pacto del Partido Socialista y de Junts en lo que afecta a «la creación de las comisiones parlamentarias de investigación para investigar lo que se denomina lawfaire o la judicialización de la política».
Eso ha motivado, según ha subrayado, «los pronunciamientos de casi todos los tribunales de justicia de este país» y también «la adhesión de los jueces decanos del propio Tribunal Supremo», puesto que su sala de gobierno «ha hecho un comunicado defendiendo la independencia judicial». «Es cierto que se han producido concentraciones (de jueces), pero creo que esto va a ser un camino largo», ha agregado.
Desde la APM, ha adelantado que se van a mover «todo lo que puedan» a nivel europeo, como ya lo están haciendo a través de la Unión Internacional de Magistrados, con intervenciones en el Parlamento Europeo, para que, «finalmente, lo más importante sea lo que se haga, una vez que sea dictada la ley, por cada uno de los juzgados y tribunales que está conociendo de los asuntos relacionados con el procés y que, a la vista de la ley, verán cuáles son las cuestiones que en su caso plantean ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
«Esa es, en definitiva, la labor que hacemos siempre los jueces cuando tenemos que aplicar una ley: examinar su constitucionalidad o su adaptación o no y en qué medida está dentro del marco de la normativa europea; y eso es lo que se hará», ha concluido.
