La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) ha concluido que los despidos notificados entre enero y junio de 2023, -que fueron 476.220- es consecuencia de las limitaciones que hay para contratar de forma temporal. Suponen un 40% más que en el mismo periodo de 2022.
Una reflexión que han hecho en la I Jornada Formativa del Club de Jóvenes de ASNALA.
Sin embargo, para la letrada Paula Puigmal Miranda, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “los datos son una herramienta peligrosa a la hora de comparar situaciones que, por factores legales, han dejado de ser iguales».
De modo que, para ella, que el uso de los contratos temporales esté mucho más limitado desde la entrada en vigor de la reforma implica que todo lo que con anterioridad podía constituir una finalización del contrato temporal, en la actualidad puede quedar registrado en el sistema de la Seguridad Social como un despido”.
Y para la letrada, 2024 “será un año en el que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tendrá un papel absolutamente protagonista y podrá arrojar luz sobre las numerosas controversias laborales surgidas este año”.
Por ejemplo, la posible obligación empresarial de ofrecer una audiencia previa antes de formalizar un despido disciplinario en base al Convenio 158 de la OIT. Una cuestión que también se debatió en la tarde del 19 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en el desarrollo de la I Jornada Formativa del Club de Jóvenes ASNALA.
Despidos disciplinarios
Por su parte, Alexandra Lozano Echle, también abogada laboralista de ASNALA, destacó que 309.205 de los 476.220 despidos registrados entre enero y junio fueron disciplinarios.
“Muchos de esos despidos disciplinarios computados han atendido a la necesidad de extinguir contratos que, bien eran para la prestación de servicios durante un periodo determinado y ya no han podido ser suscritos bajo la modalidad de contratos temporales, o respondían a necesidades de los ya desaparecidos contratos por obra y servicio”, matizó.
Por lo que detalló que, para 2024, “se esperan ajustes de plantilla a la actividad real de las empresas en base a causas objetivas económicas, productivas y organizativas”.
En cuanto a la forma en la que se producirán estos ajustes, la laboralista señaló que irá desde la aplicación de medidas temporales de suspensión de contratos y reducciones de jornada a través de ERTE hasta despidos objetivos individuales o colectivos en el marco de ERE.
