En una muestra sin precedentes de preocupación cívica, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha emitido un manifiesto en el que expresa su alarma ante lo que consideran intentos de socavar la independencia del Poder Judicial en España y de su órgano de gobierno, el CGPJ.
«Denunciamos que el Consejo General del Poder Judicial es, en la actualidad, rehén del poder político, pues en sus manos está su renovación y las funciones que puede o no ejercer en cada momento. Esta situación ha llegado a su culmen con la aprobación de la LO 4/2021 de 29 de marzo que mantiene limitadas las capacidades del Consejo y que está impidiendo que se cubran numerosas plazas vacantes, afectando a la composición de órganos judiciales y, por tanto, al funcionamiento del sistema judicial y de la administración de justicia en su conjunto», afirma la PCIJ, una asociación transversal formada por juristas, jueces, fiscales, abogados, catedráticos de derecho y otras profesiones afines.
Es un documento que surge en un momento crítico para la democracia española, marcado por el debate sobre la separación de poderes y la integridad de su sistema de justicia.
La preocupación central radica en la percepción de que el poder político intenta socavar la independencia judicial mediante la colocación estratégica de jueces afines, lo que podría comprometer la neutralidad de las decisiones judiciales y, por ende, la credibilidad de todo el sistema de administración de justicia.
«Denunciamos la intención de algunos partidos políticos de colonizar ideológicamente la Justicia mediante la inclusión de personas afines a través de nombramientos discrecionales de vocales del CGPJ, de magistrados del Tribunal Constitucional, de puestos en la Fiscalía General del Estado y el resto de altos cargos judiciales», dice en otro de sus puntos.
RENOVACIÓN DEL CGPJ
«Denunciamos la politización del Tribunal Constitucional y la pretensión de convertirlo en un tribunal de casación o directamente legislador, lejos de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas», subraya. Lo que considera un ataque directo a la esencia de la democracia.
La PCIJ exige que, antes de que se pueda llegar a un acuerdo para la renovación del CGPJ, se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que, cumpliendo con la Constitución, los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por los 5.500 jueces por voto secreto y directo y se abandone el actual sistema vigente de elección por cuotas políticas a través del Parlamento.
«Defendemos una designación respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sin consideraciones políticas partidistas y sin que estén sujetos a interferencias de los poderes legislativo y ejecutivo», afirma.
El manifiesto termina convocando a la sociedad «a mantenerse vigilante ante cualquier acción que amenace la independencia de la justicia, en aras de preservar la integridad de nuestro Estado de Derecho».
