La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado una batería de propuestas de cambios dirigidos a combatir las redes de narcotráfico en la costa andaluza.
La principal es que la Audiencia Nacional asuma directamente la responsabilidad en la lucha contra estas organizaciones delictivas, sin importar el lugar de comisión de los crímenes o el área de operaciones de dichas redes.
«Tras la terrible muerte de dos guardias civiles en Barbate, y analizando el mal endémico que los delitos de narcotráfico suponen no solo para los juzgados del Campo de Gibraltar, sino para todos los del litoral andaluz, entendemos que es el momento de tomar medidas ya”, destaca Sergio Oliva Parrilla, portavoz de AJFV.
Este es el motivo, añade Oliva, por el que la AJFV ha elaborado un informe “en donde se establecen una batería de medidas para evitar que se quiebre el Estado de Derecho en determinadas zonas de España”.
El “Informe Barbate: la situación de los juzgados en Andalucía Occidental”, elaborado por un grupo de expertos de AJFV ante el aumento de la criminalidad en dicha zona, establece una batería de medidas con el fin de hacer frente a esta lacra.
SUPERAR LA ESTRUCTURA QUE CREÓ LA AUDIENCIA NACIONAL
AJFV pide superar la estructura judicial que creó la Audiencia Nacional hace 47 años para que no sean juzgados mixtos -con competencias en Civil, Penal y Familia- los que tengan que investigar estos delitos y se vean sobrepasados ante la falta de recursos y el exceso de competencias: “Nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales” y no ante una situación común donde los delitos son cometidos por varias personas a la vez en una provincia, expone el informe.
Entre las modificaciones legales que propone AJFV figuran la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr mayor agilidad en la fase de instrucción de todos los delitos sin pérdida de garantías de derechos y el aumento de recursos humanos y materiales en la lucha contra estas redes criminales.
Además, AJFV defiende la ampliación del complemento por especiales circunstancias del destino que ya perciben los jueces destinados en el País Vasco, Ceuta y Melilla, entre otros, o en su defecto, el establecimiento de un complemento de penosidad o peligrosidad “para todos aquellos que se dejan la piel, día tras día, en los juzgados de esta naturaleza”, ha destacado Sergio Oliva.
“Lo que está en riesgo no solo es la existencia de zonas de impunidad, sino el prestigio de nuestro país y la imagen que trasladamos al exterior”, concluye el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
