La mayoría del Congreso coincidía ayer en la necesidad de mejorar las pensiones de abogados y procuradores mutualistas, pero no ha habido acuerdo en las fórmulas para que puedan traspasar las aportaciones realizadas a las mutualidades al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA) y percibir una jubilación digna.
El PP sugirió una comisión entre el ministerio y los implicados, considerada insuficiente por la mayoría de los partidos. En este sentido, el PSOE ha defendido la propuesta en la que ya trabaja el Gobierno.
La iniciativa del PP se votará el jueves, pero es difícil que salga adelante ya que los aliados del Ejecutivo han presentado diversas enmiendas y piden que no se pierda el tiempo en comisiones de estudio y se aprueben ya las pasarelas necesarias entre las mutualidades y la Seguridad Social.
Según las cifras aportadas por el PP hay más de 209.000 mutualistas en la abogacía y 11.300 procuradores, con muy diversas situaciones. Al llegar la edad de jubilación, en muchas ocasiones su prestación se sitúa por debajo de las pensiones no contributivas.
La portavoz del PP, María Jesús Moro, ha recordado que hasta 1995 la protección social de la abogacía y la procura se prestaba exclusivamente a través de sus mutualidades, entidades sin ánimo de lucro creadas por los colegios profesionales a mitad del siglo XX.
Era un sistema de adscripción obligatoria en el momento de la colegiación de abogados y procuradores, que no podían acogerse a la seguridad social.
Mutualidad o el RETA
Desde 1995, se permite elegir entre cotizar en la mutualidad o en el RETA, pero sin transferir aportes previos a la Seguridad Social.
En 2005, con la regulación de seguros privados, las mutualidades cambiaron a un sistema de cuentas individuales, donde la jubilación se basa en el ahorro propio más rentabilidad. Sin embargo, no se permitió mover estas contribuciones al RETA.
El PSOE reconoce que las acciones de su Gobierno pueden verse como limitadas, pero enfatiza que ya han comenzado a actuar, dialogando con los afectados y prometiendo medidas para mutualistas anteriores a 1996 que no tuvieron opción de elección y enfrentan grandes dificultades.
Ana Cobo, diputada socialista, ha destacado que, a diferencia de periodos anteriores, con el PP, ahora se percibe al sistema de pensiones público como robusto, justo, y capaz de asegurar vidas dignas y pensiones adecuadas para todos, incluyendo a mutualistas de la Abogacía y la Procura.
Moro se ha mostrado en desacuerdo con la fórmula que plantea la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, y ha apostado por un tratamiento fiscal «adecuado y no discriminatorio» para los mutualistas alternativos al recuperar sus ahorros, así como estudiar si es posible mejorar las condiciones de la jubilación parcial de estos profesionales.
A partir de 2027, los nuevos colegiados tendrán que inscribirse en el RETA, eliminándose la opción de mutualidades como cobertura alternativa.
Se igualarán gradualmente las cuotas de los mutualistas a las del RETA y se protegerá a quienes se afiliaron antes de 1996 y estén en vulnerabilidad.
Varios de los grupos aliados del Gobierno han expresado preocupación por no incluir a mutualistas no vulnerables y han señalado la fácil integración de otras mutualidades, como las de notarios o religiosos, en la Seguridad Social.
