El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a través de su subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, denuncia que «se está vulnerando el derecho de miles de personas a pedir asilo ante el Gobierno español por la imposibilidad de obtener cita previa por internet para formalizar la solicitud».
La corporación profesional asegura que el «colapso del sistema de cita previa, que también es frecuente en otros trámites relacionados con los procesos de documentación de ciudadanos extranjeros, imposibilita a las personas que desean formalizar su petición de protección internacional comenzar el trámite».
A su juicio, ello «de facto les priva de derechos fundamentales».
La Abogacía recuerda que el trámite de entregar su petición autoriza a los solicitantes de asilo a permanecer en España hasta que su expediente se ha resuelto, a obtener asistencia letrada gratuita para disponer del asesoramiento necesario para que su petición progrese y a contar con intérprete cuando tiene una entrevista con funcionarios.
A su vez, les autoriza que se informe a la oficina de ACNUR en España, a obtener la documentación que le acredite como solicitante de protección internacional, a recibir asistencia sanitaria si fuera preciso y a trabajar transcurridos seis meses desde que se presentó la solicitud aunque ésta no se haya resuelto.
Así las cosas, la subcomisión de Extranjería de la Abogacía considera que la imposibilidad de conseguir la cita y materializar la presentación de su solicitud sitúa a los demandantes de asilo en un «limbo legal» que, en la práctica, «deja sin efecto sus derechos más elementales para vivir» en España.
Situación de colapso
La Abogacía Española ha denunciado «reiteradamente», a través de tres comunicados dirigidos a la Secretaría de Estado de Seguridad en fechas 18 de mayo y 6 de julio de 2023, así como el 6 de marzo de 2024, el colapso del sistema de cita previa del Ministerio del Interior, sin recibir respuesta alguna.
Este colapso se ha visto incrementado por la actividad de una red criminal desmantelada por la Policía Nacional el año pasado, que utilizaba bots para acaparar y posteriormente vender citas para trámites de extranjería.
A pesar de la intervención policial, la problemática persiste y se profundiza, evidenciando un mercado ilegal de citas que deberían ser gratuitas y poniendo en evidencia el desamparo de los extranjeros ante una autoridad que incumple sus obligaciones.
Este panorama agrava la vulnerabilidad de los afectados, revelando deficiencias sistémicas en la gestión de derechos y servicios esenciales.
