El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto que modifica la regulación del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Es una actualización que tiene como objetivo principal fortalecer la protección de niños y adolescentes contra la violencia.
El registro, activo desde 2016, es fundamental para prevenir que individuos con historiales de delitos sexuales trabajen directamente con menores. La base de datos, que no es pública, almacena información detallada sobre las identidades y condenas de los infractores sexuales.
La reforma rebautiza el registro como Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos e incorpora datos de condenados por trata de personas.
Además, introduce un cambio en la forma de acreditar la falta de antecedentes sexuales, permitiendo a empresas y organizaciones solicitar certificados negativos periódicamente con el consentimiento del empleado.
Otro cambio permite que jóvenes de 16 a 18 años, como monitores de campamento o socorristas, puedan obtener estos certificados directamente.
La reforma también facilita la certificación de antecedentes para ciudadanos de la UE que trabajen en España mediante la conexión con el Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS), y homogeneiza el régimen de cancelación de condenas extranjeras al estándar español.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, impulsor de esta modificación, destacó que la reforma refleja el compromiso del Gobierno con la protección de menores, la seguridad ciudadana, la reducción de trámites burocráticos y la cooperación judicial dentro de Europa.
