La denuncia que Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha interpuesto ante la Inspección de Trabajo contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es en materia de prevención de riesgos laborales, por la falta de fijación de la carga de trabajo de la judicatura.
En la denuncia la asociación judicial reclama que se fijen las cargas de trabajo con la máxima urgencia en todos los juzgados y tribunales, con independencia de cual sea la entrada de asuntos, relacionándola con las personas que desarrollan su función jurisdiccional (titulares o sustitutas) y sus condiciones personales, conciliación familiar, edad, dificultades digitales, formación recibida y experiencia en el puesto adaptadas a cada destino.
«Prestar mejor servicio a la sociedad y atender a la ciudadanía exige que se determine con claridad cual es la carga de trabajo para que la judicatura realice pueda realizar su trabajo con la dedicación y tiempo que cada asunto requiere, evitando la masificación que sólo trae consecuencias negativas para quienes litigan y para la magistratura que realiza un sobreesfuerzo que puede afectar a su salud», subraya.
JJpD recuerda que el órgano de gobierno de los jueces fue condenado por el Tribunal Supremo el 22 de septiembre de 2023, imponiéndole la regulación de la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral.
En la denuncia recuerda que han pasado más de 7 meses desde esa sentencia y que en ese periodo de tiempo el CGPJ no ha cumplido con ella. Si se hubiera puesto a trabajar se habría podido establecer la carga de trabajo razonable para evitar los riesgos psicosociales que supone el exceso de asignación de asuntos, particularmente relevante en los juzgados de primera instancia, aunque también significativa en algunos órganos colegiados.
La asociación judicial explica que se han propuesto medidas por el servicio externo de prevención, que no se han puesto en funcionamiento.
Tras la mencionada sentencia se produjeron dos reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud -el 6 de noviembre de 2023 y 21 de febrero de 20240-, en la que se integran representantes de las asociaciones judiciales, del CGPJ y del Servicio de Prevención.
En dichas reuniones se reclamó infructuosamente el cumplimiento de la fijación de cargas de trabajo conforme a la condena de la sentencia del Tribunal Supremo indicada.
Por otra parte, JJpD, también recuerda que la llamada “agenda saludable” que ha propuesto el CGPJ no se ha elaborado y no se ha dado participación a las asociaciones judiciales.
Para JJpD el CGPJ dispone de datos suficientes en su servicio de inspección para constatar cuáles son los órganos jurisdiccionales que están trabajando al 150 o 200 % de sus posibilidades, exigiendo a la judicatura un sobreesfuerzo que perjudica la salud profesional de quienes la integran y a la ciudadanía y profesiones jurídicas.
