José Manuel San Baldomero, el fiscal del caso Begoña Gómez, ha recriminado al juez de instrucción, Juan Carlos Peinado, de ignorar un recurso que le presentó contra la prórroga del secreto de sumario decretado por el magistrado.
Cuando se decreta el secreto de un sumario, como ha sido el caso, solo tienen acceso a las actuaciones el juez de instrucción y el fiscal.
San Baldomero asegura que el magistrado Peinado no prestó atención a su recurso, que presentó el 23 de mayo, posicionándose contra la prórroga del secreto del sumario.
En el mismo, el fiscal argumentaba que dicha decisión adolecía de falta de motivación y de los requisitos legales que establece la ley.
Aunque el recurso fue presentado en tiempo y forma, no fue tramitado, y al día siguiente, el juez de instrucción levantó el secreto, justificando que ya se conocía en la prensa el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por lo que mantener dicho secreto no perjudicaría la investigación.
San Baldomero critica la decisión inicial de decretar y luego prorrogar el secreto, considerándola improcedente y lesiva para los derechos del investigado.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal lamentó que su recurso ni se estimara ni se desestimara, sino que simplemente se ignorara.
Señaló que la resolución del juez fue escueta y parcial, sin analizar adecuadamente los argumentos expuestos en el recurso.
Además, el fiscal destacó que la decisión del juez de decretar el secreto de sumario al abrir la causa el 16 de abril tras una denuncia del sindicato Manos Limpias contra Gómez tampoco fue compartida y fue objeto de análisis en el recurso de apelación.
San Baldomero subraya que no se daban los presupuestos y requisitos para declarar el secreto inicial de las actuaciones, y menos aún para decretar la prórroga sin motivación.
Por su parte, Vox, que actúa como acusación popular, ha solicitado al juez desestimar el recurso de la Fiscalía, argumentando que el levantamiento del secreto ya concedía lo solicitado y calificando las acciones de la Fiscalía como dilatorias y sin justificación.
