El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio a las 10.00 horas, en el marco de las diligencias previas 1146/2024, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Al mismo tiempo, Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, ha aplazado al domingo 16 de junio, durante una de sus jornadas de guardia, las declaraciones de testigos que tenía programadas para este próximo jueves al atender a las peticiones de posponerlas de varias defensas, entre ellas la de Gómez, ejercida por Antonio Camacho.
Ante la alegación de estos abogados de que estas citaciones les coincidían con otros compromisos judiciales como el juicio del caso Nummaria, en la Audiencia Nacional, a los actores Imanol Arias y Ana Duato.
No tendrá obligación de responder a las partes
Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado.
La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o Movimiento de Regeneración Política de España.
El instructor abrió diligencias de investigación el pasado abril al admitir a trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Gómez, a quien acusaba de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno.
«Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», denunciaba el sindicato, que apoyó su denuncia en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas.
La Audiencia de Madrid avaló la decisión
La Audiencia Provincial de Madrid avaló la apertura de la causa contra Begoña Gómez por un presunto delito de corrupción en los negocios en el sector privado y tráfico de influencias, si bien la acotó a su presunta mediación para la adjudicación de contratos a la empresa de Barrabés al encontrar «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación».
En concreto, la Sección 23 de la Audiencia Provincial, con ponencia del magistrado Enrique Jesús Bergés, señalaba que «pese al contenido algo desvalazado de la denuncia» de Manos Limpias, sí que existen «datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación» en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.
