De izquierda a derecha, Rafael Rivera, responsable de la in vestigación, Safira Cantos, directora general de "Hay Derecho" y Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y directora de la investigación.
«Hay Derecho» destapa importantes deficiencias en la selección de directivos en las 40 entidades públicas analizada en su «Dedómetro»
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05/6/2024 14:06
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Actualizado: 05/6/2024 20:03
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La Fundación Hay Derecho, en su reciente publicación del informe «Dedómetro 2024″, ha revelado profundas deficiencias en la selección de directivos y la gestión de la transparencia en las entidades estatales españolas.
El estudio, que ha sido presentado Safira Cantos, directora general de «Hay Derecho», Elisa de la Nuez, secretaria general y directora de la investigación y Rafael Rivera, responsable de investigación, evalúa la situación de 40 entidades del sector público y 73 directivos, destacando que «los ideales de meritocracia y transparencia están lejos de ser alcanzados en muchas áreas del sector público en España».
Igualmente subraya que solo 39 de los 2015 cargos directivos evaluados (si se tiene en cuenta el acumulado), superan el 8.
Las entidades analizadas en el Dedómetro 2024 fueron seleccionadas en base a su relevancia, funciones y presupuesto, incluyendo tanto organismos de reciente creación como aquellos reconocidos por sus buenas prácticas, como la AIRef (que encabeza la lista con una puntuación de 10), hasta Banco de España, Acuamed, Museos del Prado y Reina Sofía, y otros con resultados menos favorables como Paradores, Correos el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).
Insuficiente profesionalización de la gestión pública
Para Safira Cantos, esta investigación de Hay Derecho evidencia que «es esencial que los directivos al frente de empresas y organismos del sector público sean nombrados por su mérito y capacidad, y que se normalicen los procesos abiertos de selección basados en requisitos objetivos».
De ahí que uno de los aspectos más alarmantes que destaca el informe es la insuficiente profesionalización en la gestión pública.
Según ha detallado, Rafael Rivera, responsable de investigación, «cada vez nos encontramos con perfiles menos independientes». Eso sí, ha subrayado que «no hay nada relevante que diferencie al PP o al PSOE», en la selección de estos directivos.
A pesar de observarse una ligera mejora en los indicadores de experiencia y formación profesional hacia el final del período estudiado, los niveles de adecuación de los directivos raramente superan el umbral de puntuación de 6 en una escala de 0 a 10.
Esto sugiere que los criterios de selección de los responsables no cumplen con los estándares necesarios para asegurar una administración efectiva.
Además, en términos de transparencia, la mayoría de las entidades no cumple con las normativas obligatorias, y solo un pequeño grupo se destaca por cumplir plenamente con los indicadores requeridos.
Este escenario subraya la necesidad imperiosa de revisar y mejorar las políticas y prácticas de transparencia dentro del sector público.
Problemas de Politización: Paradores, Correos o el CIS
Ninguno de los últimos máximos responsables de Paradores tenía una experiencia contrastada en el sector turístico. Raquel Sánchez, su actual presidenta, cuenta con 16 años de experiencia profesional, pero principalmente en cargos políticos no relacionados con el ámbito de la entidad.
El caso de Correos se resalta especialmente en el informe como un ejemplo de cómo la politización en los nombramientos de sus directivos ha afectado negativamente los resultados y la eficacia operativa de la entidad.
Tanto José Manuel Serrano como Pedro Saura tienen una importante experiencia política previa (pero no profesional) y, además, han pasado directamente de ocupar cargos políticos a cargos directivos. Y sin la experiencia profesional adecuada, son indicativos de un patrón de creciente politización que afecta negativamente la gestión de la entidad.
Por otro lado, el CIS es un claro caso de regresión en términos de politización. En los últimos 20 años, la entidad ha tenido seis presidentes.
En su mayoría eran profesionalmente idóneos para el cargo, aunque hay casos con una gran vinculación política, como el del actual responsable, José Félix Tezanos, que sí cuenta con una amplia reconocida en el ámbito sociológico, pero que es muy cuestionado a nivel mediático.
«Por desgracia, el CIS es sólo un ejemplo –ni siquiera demasiado extremo, aunque sí muy vistoso– de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público: la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines», denuncia Elisa de la Nuez.
«Tenemos que cuidar nuestro sector público y cuidarlo supone elegir a los mejores profesionales y eso requiere funcionar de otra manera»
Buenas prácticas
En cuanto a las buenas prácticas, destacan tres: la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya que la entidad presidida por Cristina Herrero se mantiene como «autoridad realmente independiente, que no deja de serlo», ha comentado Elisa de la Nuez.
También destacan la del Banco de España, que con Pablo Hernández de Cos al frente confirma la buena senda emprendida tras la crisis financiera de 2008, y es «un ejemplo de profesionalidad»; y la de la CNMV, la entidad presidida por Rodrigo Buenaventura, que exige requisitos objetivos para designar a su máximo responsable.
Preguntada por Confilegal sobre un balance de este estudio, Elisa de la Nuez, indica «mi balance sigue siendo que tenemos muchísimo que mejorar, que no hay conciencia ni en los políticos ni en la ciudadanía de que tenemos que cuidar nuestro sector público».
Correlación entre profesionalización y transparencia
El análisis del Dedómetro 2024 revela una correlación positiva entre la profesionalización de los directivos y el nivel de transparencia de las entidades.
Las entidades que aplican criterios claros y rigurosos en la selección de sus líderes tienden a ser más transparentes, lo que implica que buenos procesos de selección no solo mejoran la gestión sino también la rendición de cuentas.
En este sentido, Elisa de la Nuez, ha señalado que en otros países, como Portugal y Reino Unido, se han implementado prácticas para despolitizar y profesionalizar la selección de personal en el sector público, incluso para la BBC.
Poder Judicial
Aunque el apartado de Poder Judicial no se recoge en este estudio, preguntada por esta cuestión, Elisa de la Nuez, ha señalado que «a pesar de la alta proporción de mujeres en la carrera judicial, los puestos directivos en el Tribunal Supremo y otras instancias siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres».
Y que esta mayoría de mujeres en la carrera judicial no se ha traducido en una mayor presencia en los puestos directivos. Se propone una mayor objetivación de los nombramientos en el Poder Judicial para evitar la arbitrariedad y el favoritismo.
Y en este sentido, subraya que «Los procedimientos objetivos, abiertos y transparentes facilitan el acceso de las mujeres a altos cargos en el Poder Judicial».
Recomendaciones para mejorar esta situación
La directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, ha sido la encargada de resumir las conclusiones del estudio. Se recomienda que las entidades públicas adopten procesos de selección más abiertos, transparentes y competitivos, y que los candidatos deban presentar planes estratégicos detallados para las entidades que aspiran a dirigir.
Igualmente, se sugiere establecer contratos de desempeño que incluyan objetivos claros y plazos específicos, vinculando la renovación de estos contratos al cumplimiento de los objetivos estipulados, independientemente de los ciclos políticos.
También recomiendan fortalecer las políticas de transparencia, asegurando que todas las entidades cumplan con las obligaciones legales y adopten prácticas que mejoren la rendición de cuentas.
Por todo ello, el Dedómetro 2024 pide a las autoridades competentes que reconsideren estas recomendaciones y trabajen hacia la implementación de un sistema más robusto que garantice la integridad y eficacia de la administración pública.
Sostienen que con un enfoque renovado en la meritocracia y la transparencia, el sector público puede aspirar a alcanzar los estándares de gestión que la sociedad española merece.
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