La Ley de Amnistía ha sido publicada este 11 de junio en el Boletín Oficial del Estado. Una ley orgánica que, según el texto, “amnistía los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable”.
Todo en relación a la consulta independentista celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el referéndum de 1 de octubre de 2017. Ambos declarados inconstitucionales en dos sentencias. Y, del mismo modo, abarca igualmente otros posibles ilícitos que guardan conexión con los mismos.
Ley de Amnistía que no ha abandonado la polémica después de su aprobación. Especialmente, debido al marcado carácter político de la norma.
«Se está beneficiando a políticos, para el beneficio de otros políticos. Y por intereses partidistas, se está produciendo un trato prilegiado a personas concretas», lamenta Emilia Zaballos, socia directora de Zaballos Abogados y presidenta de la Fundación Zaballos, a Confilegal.
Un beneficio que supone, para los abogados consultados, una ruptura con el artículo 14 de la Constitución Española, que defiende la igualdad entre todos los españoles ante la Ley.
El artículo 14, el más afectado por la Ley de Amnistía
«Que en una ley de 18 páginas se dediquen diez a explicar por qué la norma es constitucional, me hace pensar justo lo contrario. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Y estas sospechas se confirman cuando uno repara en los argumentos que se esgrimen, todos ellos bochornosos», asegura a Confilegal Álvaro Bernad Sánchez, abogado penalista en Frago & Suárez.
Unas páginas en las que la se defiende la posibilidad de las Cortes de conceder la amnistía. «Como las cortes pueden derogar delitos, también pueden amnistiarlos. La analogía es insostenible, porque la derogación beneficia a todos y la amnistía sólo a unos pocos. El principio de igualdad estalla en mil pedazos», lamenta Bernad.
«Es la vulneración más importante», coincide Emilia Zaballos. «Está claro que en ningún momento se puede dar privilegios. Y menos aún, por ideología política. Esta norma está hecha a medida. Y está muy vinculada a la Ley Electoral, que necesita una reforma urgente. Porque ahora, una minoría impone criterios a una mayoría por los intereses del partido gobernante».
Ley de Amnistía en la que, para la abogada, también se vulneran los artículos 9 y 24 de la Constitución. El primero, de cara al principio de la legalidad y seguridad jurídica, creando desconfianza entre ciudadanos y en el exterior, «afectando a la credibilidad del país». Y, por otro lado, el artículo 24, «porque el criterio de los jueces queda al margen. Volvemos a la polémica sobre la independencia y la división de los poderes».
Los jueces, «obligados» a aplicar la ley
«Ahora, los jueces deben decidir cómo aplicar la ley de Amnistía. Muchos tendrán muchas dudas, y acudirán al Tribunal Constitucional y principalmente, ante el Tribunal de Justicia Europeo, con una mayor imparcialidad», destaca Zaballos.
Unas consultas, incluso europeas, que paralizarían los procesos judiciales. Pero que podrían llevar al archivo de las causas abiertas. Y, en el caso de las sentencias firmes, «se deberá decir que no hay responsabilidad alguna. No quedarán ni siquiera antecedentes penales», lamenta la letrada.
Cuestión en la que los jueces apenas tendrán margen de actuación, según Emilia Zaballos. «Los jueces necesitan leyes. Y tienen la obligación de aplicarlas. Pasó lo mismo con la ley del sólo sí es sí. La responsabilidad no está en los jueces», asegura.
Una falta de capacidad de los jueces que coincide con la valoración de Bernad, quien no duda en rechazar la Ley de Amnistía. Especialmente, debido al carácter intolerable del «olvido» de los delitos presuntamente cometidos, y ahora, con posibilidad de ser amnistiados.
«Rechazo la amnistía principalmente porque la considero políticamente inaceptable dado el mensaje que lanza (sea constitucional o no). Si nada de lo que hicieron estas personas es delictivo, de ello se colige que la policía detuvo, los fiscales acusaron y los jueces condenaron a una serie de pobres víctimas que no habían hecho nada malo. Por tanto, las tornas se invierten. Antes, los delincuentes eran los secesionistas. Ahora, quien actuó al margen de la ley fue España. Como decía, algo intolerable. No hay corrupción económica tan grave como esta tremenda corrupción moral», lamenta el abogado.
