El Gobierno de Aragón reconocerá la labor de los cuatro fiscales del ‘procés’ en la segunda edición del premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, cuya gala de entrega se celebrará en diciembre, en reconocimiento a su rigor, profesionalidad e independencia en el tratamiento del caso.
Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, donde ha inaugurado el curso ‘El compromiso público de la España vaciada’, organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, creado en 2023 por el Gobierno de Aragón, reconoce a personas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos.
El Gobierno autonómico galardonará así, con el nombre dado a un premio que recuerda a un aragonés ‘padre’ de la Constitución, a Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno por su trabajo «excelente e intachable» en la persecución de los más graves delitos contra el Estado de derecho y contra principios fundamentales de la carta magna.
Un premio que se les otorga, además, por «anteponer su deber, el rigor jurídico y los principios de legalidad y separación de poderes ante la injerencia y la presión inaudita, irresponsable y partidista del actual Gobierno de España».
«Queremos que sea para los fiscales que a día de hoy están defendiendo en el Tribunal Supremo la legalidad, la independencia judicial», ha concluido Azcón.
Azcón también ha hablado de la financiación en Cataluña
El presidente regional se ha referido además al sistema de financiación «desigual, insolidario e injusto» del que se habla en Cataluña y que primaría a aquellas comunidades que tienen más población frente a aquellos territorios más despoblados.
Cataluña, que ya tiene una financiación muy superior a la que tiene Aragón, «quiere tener una financiación privilegiada», ha lamentado, toda vez que ha añadido que la «singularidad» de la que habla Pedro Sánchez «no es real» y es, en realidad, «desigualdad».
Ha incidido por ello en que el Gobierno de Aragón dará «la batalla con todas las herramientas jurídicas» en su mano para que dicha desigualdad no se produzca.
