La defensa de Begoña Gómez ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que no demore al 30 de septiembre su valoración sobre el recurso en el que pedía el archivo de la causa. Entiende que «causaría un perjuicio de imposible reparación» a su defendida.
Así consta en un recurso de suplica del abogado de Gómez, Antonio Camacho, en el que responde a la providencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial en la que informaba a la partes de que el 30 de septiembre estudiaría tanto el recurso de Begoña Gómez como el de la Fiscalía, que pedía delimitar la causa.
El letrado lamenta que en esta causa, en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se están produciendo «graves violaciones del derecho de defensa» tanto de su defendida como de los otros dos investigados –el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache–.
Acusa al juez de que la instrucción esté llevando una «errática deriva procesal y material», y explica a la Audiencia Provincial que «desafortunadamente» recurrir ante la Sección 23 «es el único remedio que procesalmente cabe utilizar para intentar evitar irreparables daños en el derecho de defensa».
Añade que piden una resolución a su recurso con anterioridad a ese 30 de septiembre porque «una Justicia tardía puede producir daños irreparables» en su derecho a la defensa dado que, a su juicio, la instrucción de Peinado «está plagada de actuaciones que vulneran» ese derecho y de «graves irregularidades».
En este sentido, Camacho enumera una serie de hechos que, dice, suponen irregularidades procesales, pero destaca que lo más grave de todo es que «el objeto de este procedimiento (…) es mutante en la mente del juez instructor».
Además, lamenta decisiones del instructor como la de que, estando secreta la causa, diera traslado de documentación presentada por los periodistas interrogados –sobre cuyo trabajo se fundamentaba la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa– a la acusación popular de Vox.
MÁS «IRREGULARIDADES»
Suma a esto, por ejemplo, que dos testigos —Barrabés y Goyache— declararon como tal, con la obligación de decir la verdad, y que posteriormente se les modificó su condición a la de investigados; que la defensa se enterara por la prensa de resoluciones del juez –«solo días después, esta parte recibe las notificaciones»–; y que Peinado advirtiera a su defendida que podría detenerla si no asistía a una prueba preconstituida, cuando es un derecho y no una obligación.
Lamenta también que el juez resuelva recursos presentados por él contra testificales una vez que se han celebrado o que haya remitido a la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia citaciones de personas cuando la causa seguía secreta.
Tras esto, insiste en que trasladar la resolución del recurso de apelación interpuesto ante la falta de objeto sobrevenida del procedimiento a casi tres meses, «lo único que va a permitir es que esa endiablada investigación vulneradora de los más esenciales principios del derecho de defensa continúe».
EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN DE GÓMEZ
Sobre el objeto mutante de la causa, Camacho explica que el juez «ha iniciado una intensa investigación que afecta a cuestiones que no estaban» en el marco que delimitó por auto la Audiencia Provincial de Madrid. «Así, ha requerido el expediente de las ayudas a Globalia (…) y ha tomado declaración a una parte importante de la cúpula de la Universidad Complutense de Madrid», explica.
Y sostiene que «ha ido extendiendo la investigación sin concretar, o concretando de forma contradictoria, el objeto del procedimiento y sin llevar a cabo una delimitación rigurosa del objeto del mismo». Y todo sin dar traslado a los investigados de esa ampliación de la investigación.
«En definitiva, pues, esta parte y el resto de los investigados están siendo sometidos a una investigación indeterminada, prospectiva y en continuo crecimiento, sin garantías, que está lesionando gravemente su derecho de defensa», concluye.
