El magistrado José María Macías ha solicitado formalmente al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, que las recusaciones presentadas contra varios miembros del tribunal en el marco de las impugnaciones a la ley de amnistía se resuelvan de manera conjunta y no de forma individualizada.
Macías busca garantizar un resultado «neutro,» donde ninguno de los magistrados implicados en las recusaciones participe en la deliberación sobre la suya, proponiendo que en un mismo Pleno se resuelva una recusación de cada uno de los tres magistrados afectados: Conde-Pumpido, Laura Díez y él mismo.
Según Macías, este enfoque evitaría cualquier tipo de ventaja o desventaja cronológica, donde un magistrado recusado pueda influir en las decisiones sobre las recusaciones de sus compañeros antes de que se resuelva la suya.
Esta petición surge en un contexto de fuerte tensión en el seno del TC debido a las múltiples recusaciones que han batido récord en relación con la ley de amnistía.
Hasta ahora, se han presentado un total de 54 recusaciones, de las cuales 27 se dirigen contra magistrados progresistas, como Conde-Pumpido, Díez y Juan Carlos Campo, y otras 27 están orientadas hacia el magistrado Macías, quien forma parte del bloque conservador del tribunal.
Esta división refleja la polarización interna del TC en torno a este polémico tema.
El TC confía en poder pronunciarse sobre la ley de amnistía en un plazo de seis meses a un año, aunque la división interna y los conflictos sobre las recusaciones podrían prolongar aún más el proceso.
El origen de la controversia se encuentra en las abstenciones de Juan Carlos Campo.
Este magistrado decidió apartarse voluntariamente de los casos relacionados con la amnistía debido a su anterior postura pública como ministro de Justicia, cuando afirmó que esta medida era «claramente inconstitucional» en el contexto de los indultos a los condenados por el ‘procés’.
Tras su decisión de abstenerse, el presidente del TC, Conde-Pumpido, optó por acumular las 20 abstenciones de Campo y resolverlas en bloque, lo que generó malestar en el ala conservadora del tribunal.
El debate sobre la forma de proceder ha provocado una nueva fractura dentro del TC.
Por un lado, algunos magistrados defienden que la acumulación de abstenciones y recusaciones es un mecanismo eficaz para agilizar la resolución de los asuntos relacionados con la amnistía, argumentando que permite avanzar de manera más rápida en la tramitación de los casos.
Por otro lado, voces críticas, como Macías, consideran que este enfoque altera las reglas del juego y favorece a ciertos magistrados, lo que podría socavar la imparcialidad del tribunal en la resolución de los casos.
Ante esta división, Conde-Pumpido ha propuesto un enfoque intermedio: resolver las recusaciones de manera escalonada, empezando con la suya en el próximo Pleno, que comenzará el 8 de octubre.
Sin embargo, esta decisión no ha calmado las aguas, ya que algunos temen que, si se rechaza la recusación contra Conde-Pumpido, éste participe en las deliberaciones sobre las recusaciones de Díez y Macías, lo que podría inclinar la balanza a favor de los magistrados progresistas.
A pesar de la controversia, el TC confía en poder pronunciarse sobre la ley de amnistía en un plazo de seis meses a un año, aunque la división interna y los conflictos sobre las recusaciones podrían prolongar aún más el proceso.
