El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), Jesús María Barrientos, ha alertado este viernes de que el CGPJ «no podrá permanecer pasivo ante las descalificaciones e insultos personalizados en determinados jueces y magistrados desde cualquier ámbito, sobre todo desde otros poderes del Estado, por el simple hecho de no compartir el sentido de sus resoluciones».
«Cataluña ha sido muestra de ello», ha añadido Barrientos, a la vez que ha proclamado que «pierdan toda esperanza quienes utilizan la difamación o la insidia con la pretensión de alinear una decisión judicial con sus intereses».
Barrientos subraya que la discrepancia y la crítica son legítimas
Así lo ha dicho este viernes durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, en el que también ha intervenido el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y en el que se ha distinguido a los magistrados que en 2023 cumplieron 25 y 35 años de carrera, y también a los que se jubilaron el año pasado.
Barrientos ha asegurado que la discrepancia y la crítica de resoluciones judiciales –en sus palabras– es legítima, pero que no se puede descalificar o insultar: «Si no se ven contrarrestados eficazmente, pueden socavar la confianza de la sociedad en sus jueces, que es precisamente lo que buscan quienes utilizan la insidia para debilitar las instituciones democráticas».
Barrientos ha declarado que, desde que los jueces y magistrados prestan juramento, incorporan los valores constituciones de independencia, responsabilidad y sometimiento a la ley «como únicos motores» de actividad.
RENOVACIÓN DEL CGPJ
Barrientos ha manifestado que el Poder Judicial ha superado uno de los períodos más difíciles, y ha celebrado la «reciente y ansiada» renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuya Presidencia se ha escogido a través del diálogo y el consenso.
Además, ha remarcado que es el primer Consejo presidido por una magistrada, Isabel Perelló, algo que, a su juicio, «cierra un mensaje inequívoco de reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia», que representan el 60% de la Carrera Judicial.
FRANCISCO BAÑERES
Por su parte, Bañeres ha detallado que durante el 2023 se incoaron 243.635 diligencias previas –un 7,35% más que en el año anterior–, y los fiscales solicitaron la prisión provisional en 3.680 casos (un 6% más).
Ha prestado atención al número de juicios suspendidos, 21.300 en juzgados penales y 1.084 en Audiencias Provinciales, y ha destacado que las sentencias de conformidad han sido del 55%.
La criminalidad también ha aumentado: un 15% los homicidios consumados, y un 70% los homicidios en grado de tentativa, y ha garantizado que el uso de «cada vez más armas» explican la mayor gravedad de los hechos.
También han aumentado las agresiones, los delitos contra la libertad sexual, y las lesiones y maltratos, además de las estafas, a raíz del «uso confiado de las ofertas comerciales a través de las redes sociales».
Además, Bañeres ha lamentado que la situación de la justicia penal en Cataluña es «descorazonadamente lenta», ya que los juicios ‘rápidos’ se celebraban a los 15 días y actualmente a los 15 meses.
En el acto han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; los consellers Núria Parlon y Ramon Espadaler; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno; la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, y el teniente de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, entre otros.
