La acusación que ejerce Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, que se abstenga de ejercer como fiscal del caso en el que se investiga a su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
En un escrito presentado este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de González Amador se dirige a la Sala de Gobierno del TS para que dé traslado de su solicitud a Sánchez Conde a fin de que la ‘número dos’ del Ministerio Público «se pronuncie sobre si se abstiene de intervenir» en este caso.
El abogado esgrime que, aunque lo normal es que esta petición se haga al superior jerárquico del fiscal en cuestión, «en este caso resulta imposible pues conduce a tener que acudir al investigado», de ahí que se dirija a la Sala de Gobierno del TS, donde se investigan los hechos.
La representación letrada observa hasta cuatro causas de abstención en Sánchez Conde: tener «amistad íntima» con cualquiera de las partes; haber participado «directa o indirectamente» en el asunto; haber «emitido dictamen» sobre el mismo; y «tener interés directo o indirecto» en el caso.
En este sentido detalla que Sánchez Conde redactó el informe del pasado 30 de septiembre donde la Fiscalía solicitaba al TS que no abriera causa a García Ortiz y que estuvo presente en el registro efectuado un mes después, el 30 de octubre, en el despacho del fiscal general del Estado.
Recuerda también que participó en la Junta de Fiscales de Sala del pasado abril para que la entonces fiscal del caso, María de la O Silva, se opusiera a la admisión de las querellas contra García Ortiz, en contra de la voluntad de ésta; y en la que tuvo lugar el 17 de octubre y en el Consejo Fiscal posterior, para que el jefe del Ministerio Público explicara su decisión de mantenerse en el cargo pese a estar imputado; posicionándose siempre del lado del fiscal general.
Apunta asimismo que la actividad profesional y el cargo de Sánchez Conde están «directamente vinculados» a la permanencia de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, así como que se encuentra «indirectamente condicionada» a las decisiones de éste en relación a «sus ascensos y nombramientos, sus destinos, sus permisos, sus sanciones o sus complementos salariales».
Podría ser citada como testigo
Al margen de «la plena apariencia de parcialidad», indica que Sánchez Conde «puede tener, además –y al menos–, la condición de testigo en relación a los hechos que nos ocupan, por poder con su testimonio y aportaciones incorporar al sumario la información y soportes –físicos o digitales– de los que disponga que acerquen al descubrimiento de la verdad, y sin que exista en el ordenamiento jurídico excepción alguna que le relevara de dicha obligación constitucional».
El escrito recalca que «Sánchez Conde mantiene –todo al mismo tiempo– acceso a las actuaciones judiciales declaradas secretas, dependencia jerárquica con el investigado y el deber de poner en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que, por su importancia o trascendencia, la misma considere o él mismo quiera conocer».
Al hilo, sostiene que el cumplimiento de los deberes impuestos a Sánchez Conde por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) –informar a García Ortiz y recibir instrucciones del mismo– «resultaría, en este caso, constitutivo de delito», ya que el secreto declarado impide a la teniente fiscal del TS informar a su jefe por tratarse del principal investigado.
La Teniente Fiscal asegura que «no informará» al FGE
La petición de González Amador al Supremo llega el mismo día que la Fiscalía ha informado en una comunicación interna a la carrera fiscal de que García Ortiz ha extendido al alto tribunal la abstención que ya acordó para este caso cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid.
Esto supone que Sánchez Conde estará exenta de recibir órdenes de García Ortiz y de rendirle cuentas en lo relativo a este caso, garantizando así la independencia de la teniente fiscal en la toma de decisiones en este procedimiento judicial.
Cabe recordar que dos acusaciones populares –las ejercidas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias– han solicitado a Hurtado que suspenda cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, precisamente, por la dependencia jerárquica de Sánchez Conde.
El Supremo abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas, entre otros, por González Amador, y a la exposición razonada del TSJM.
La pareja de Díaz Ayuso llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y Salto para negociar un acuerdo.
El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos ‘emails’ a los medios de comunicación.
