El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, otros doce directivos, la la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y dos de sus socios por estafa en la ampliación de capital de 2016, y ha impuesto una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros.
En un auto fechado este viernes el magistrado impone esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y sitúa a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios.
Para el juez, los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital, ya que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.
Además de Ron, se sentarán en el banquillo el ex consejero delegado de la entidad Francisco Gómez Martín; el exvicepresidente Roberto Higuera; el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea; los ex directores financieros del Banco Popular Javier Moreno y Francisco Sancha Bermejo.
También el exdirector de Riesgos José María Sagardoy Llonis; el exdirector del departamento de Auditoría Jesús Arellano Escobar y los exdirectios Antonio Pujol y José Ramón Alonso.
Respecto a PwC
Por lo que respecta a PriceWaterhouseCoopers (PwC), el juez considera a la firma cooperador necesario, al igual que a los socios auditores Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda,
En cuanto al Santander, aunque el magistrado descarta considerarlo partícipe a título lucrativo sí mantiene su responsabilidad civil subsidiaria, al ser el heredero «universal» del extinto Popular.
Calama rechaza la apertura de juicio oral contra el Santander, y destaca que el proceso resolutorio que afectó a Banco Popular -mediante acuerdo de la Junta Única de Resolución (JUR) de junio de 2017 «fue el cauce a través del cual se adquirió dicha entidad por el Banco Santander», aunque lo mantiene como responsable civil subsidiario.
Delitos de falsedad contable y delito continuado de estafa de inversores
En su auto, Calama recoge los escritos de calificación de las catorce acusaciones que tipifican los hechos como delitos de falsedad contable y delito continuado de estafa de inversores, entre ellos el de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita seis años y medio de cárcel y una multa de cerca de 250.000 euros para Ron, Gómez e Higuera.
La Fiscalía señala a las aseguradoras Chubb; ACE; Zurich; XL; Liberty, y Lifeguard como responsables civiles directos de los daños y perjuicios derivados de los hechos cometidos por los administradores y directivos del Banco Popular y PwC acusados, hasta el límite de la cobertura de sus correspondientes seguros de responsabilidad civil.
Sobre la fianza, Calama aclara que los 2.277,6 millones son una cantidad «provisional», ya que algunas acusaciones no han concretado la solicitud de responsabilidad o han formulado peticiones «desorbitadas».
El juez indica que los hechos punibles consignados en los diferentes escritos de acusación, «en una valoración provisional», pudieran ser constitutivos de delitos continuados de falsedad contable y de estafa a inversores.
