Los informes elaborados por los letrados del Tribunal Constitucional (TC) para determinar si las comunidades autónomas están legitimadas para recurrir la ley de amnistía concluyen que sí lo están, despejando así el camino a las impugnaciones presentadas por las regiones gobernadas por el PP y el Gobierno socialista de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, según informan fuentes jurídicas.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, encargó a un grupo de cuatro letrados de la corte de garantías que elaboraran un estudio sobre la legitimación de las comunidades autónomas para impugnar la amnistía, con el objetivo de que esta cuestión quedara resuelta con carácter general para los 15 recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos y asambleas regionales.
Las fuentes consultadas indican que este informe se ha pronunciado a favor de la legitimación de los territorios, misma conclusión a la que ha llegado el letrado adscrito a Laura Díez, la magistrada ponente del primer recurso de inconstitucionalidad presentado por una comunidad autónoma –el de las Cortes de Aragón–, en su propio informe, el que se emite habitualmente.
Marcará el camino a los otros recursos autonómicos contra la amnistía
Con estos dos informes, el Pleno decidirá la próxima semana sobre la admisibilidad del recurso firmado por las Cortes de Aragón. Fuentes de la corte de garantías avanzan que los magistrados lo admitirán a trámite, marcando así el camino a los otros 14 recursos presentados por las comunidades autónomas.
Anteriormente, los magistrados han admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo (TS) y el recurso firmado por diputados y senadores del Partido Popular.
En total, contra la amnistía se presentaron cuatro cuestiones –la del TS y tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– y 16 recursos: el registrado por el PP, el de Castilla-La Mancha y los de Cantabria, Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía, Valencia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares.
