El impulso a la vivienda pública por parte de las autonomías y las medidas contra la ocupación ilegal son los retos más relevantes para el sector inmobiliario ante el intervencionismo introducido por la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que está provocando el freno a la inversión y lastrando el mercado del alquiler.
Ésta es una de las principales conclusiones del I Congreso de Derecho Inmobiliario Madrid 2024, organizado por el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID-AIM) en colaboración con la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) a través de la Federación de Empresas de Intermediación Inmobiliaria (FEIN) y con Banco Sabadell ha abordado en diferentes ponencias las principales tendencias del mercado inmobiliario a la luz de la legislación sobre vivienda durante una jornada celebrada en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
La Comunidad de Madrid finalizará 2024 con 4.000 viviendas públicas para alquiler asequible a través del Plan Vive, que impulsa en los municipios de la región viviendas con eficiencia energética y precios asequibles inferiores a los de mercado a través de la colaboración público-privada.
Uno de los efectos más directos de este plan es que permite descargar la presión de la demanda de alquiler en el mercado. Esta cifra destaca frente a las 10.000 viviendas públicas movilizadas en toda España.
Esta estrategia de impulsar la vivienda pública por parte de la Comunidad de Madrid contrasta con las políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda, que han tenido su culminación con la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, protagonizadas por el Gobierno central: “No se puede intervenir el mercado, hay que dar estabilidad seguridad jurídica, porque lo que se consigue es que las viviendas salgan del mercado del alquiler, reduciendo la oferta”, explicó José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
García Gómez advirtió del temor de los inversores, producido también por “los sucesivos reales decretos aprobados tras la pandemia, que han extendido la vulnerabilidad del propietario privado, con más cargas”.
El viceconsejero también destacó que fruto de esta normativa “intervencionista” tampoco hay “garantías para la recuperación posesoria” de la vivienda.
En relación con la ocupación ilegal, los expertos valoraron positivamente la enmienda introducida en el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, en tramitación actual en el Senado, que permite llevar a través de los juicios rápidos los delitos de usurpación y allanamiento de morada, aunque destacaron que no es la solución.
Así, coincidieron en que la situación actual de tardanza de más de un año en los lanzamientos se debe al colapso de la Justicia y a la regulación que los dificulta, existente desde la pandemia.
