El magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, interrogará este miércoles en calidad de testigos, a partir de las 10 horas, a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica sobre sus inversiones en el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que sospecha que se habría apropiado la esposa del presidente del Gobierno.
Para ese mismo día está previsto que también comparezcan como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid la empresa Arsys Internet y quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio –a las 9.30 horas– y José María Coello de Portugal –a las 9.00 horas–.
Cabe recordar que ambos excargos de la Complutense ya comparecieron con anterioridad ante el juez Peinado. El pasado julio declararon que no tenían competencias sobre las facturas de la cátedra de Gómez, incluidos los pagos derivados del software desarrollado en el marco de dicha cátedra.
Por su parte, Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el ‘software’ del máster de Transformación Social Competitiva de la Complutense.
Peinado tomará declaración a los dos exvicerrectores y a los representantes de las cuatro compañías después de que el pasado 18 de diciembre interrogara a la propia Begoña Gómez sobre esta rama de la investigación en la que se indaga si pudo cometer los delitos de apropiación indebida o si hubo intrusismo por su parte.
La esposa de Pedro Sánchez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva o del software de la cátedra que –según insistió– había sido financiado por empresas, por lo que negó que tuviese ánimo de lucro alguno, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.
LA INVESTIGACIÓN DEL SOFTWARE
Fue el pasado octubre cuando el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del ‘software’ de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho ‘software’.
Después de que se acordara su citación, su abogado –el exministro socialista Antonio Camacho— defendió por escrito que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas fue «porque la UCM así se lo indicó expresamente».
La defensa también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron «cómo debía registrar» el dominio de Internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio «fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM».
LOS CONTRATOS A BARRABÉS
Al margen, el juez Peinado pretende tomar declaración como testigo este mismo miércoles, a las 11.30 horas, a Elvira Sánchez Trompeta, quien fuera jefa del régimen administrativo y económico del Ayuntamiento de Madrid cuando se aprobó un contrato con una empresa de Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.
Este interrogatorio se enmarca en la rama de la causa en la que se investigan «todos los hechos, actos, comportamientos y conductas llevadas a cabo, derivadas de la relación existente entre la investigada y el empresario Barrabés, de las que tan solo una parte se ha convertido en la adjudicación de diversos contratos», a excepción de los sufragados con fondos europeos, que están en manos de la Fiscalía Europea.
La querella de Manos Limpias, que dio origen a la causa, señalaba que Gómez «prevaliéndose de su estatus personal» de esposa del presidente del Gobierno había recomendado o avalado por carta a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas y que uno de ellos sería Barrabés. En su última declaración, Gómez se desvinculó de los contratos adjudicados a este empresario.
