La exclusión del colectivo de letrados y letradas de la Administración de Justicia interinos (LAJ) del proceso de estabilización laboral promovido por el Gobierno ha generado una profunda indignación y un sentimiento de abandono entre sus integrantes.
Representados por la plataforma de personal interino del Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (PICLAJ), este grupo denuncia una flagrante discriminación en comparación con otros colectivos del sector público, señalando que su exclusión no solo contraviene la legislación europea, sino que también pone en evidencia una falta de voluntad política para resolver un problema estructural.
El núcleo del conflicto radica en que el único proceso de estabilización excepcional llevado a cabo para el cuerpo de LAJ en diciembre de 2022 terminó siendo ineficaz e injusto.
Según explican desde el PICLAJ, dicho proceso, que inicialmente contemplaba una fase de dictamen práctico similar al modelo adoptado para jueces y fiscales sustitutos, fue abruptamente modificado para incluir un examen tipo test y un ejercicio oral memorístico.
Este cambio, introducido «sin justificación alguna», dejó fuera a la gran mayoría de los interinos que se encuentran en abuso de temporalidad.
“La estabilización de los LAJ interinos ha sido una pantomima desde el principio. El proceso no cumplió con su objetivo de regularizar a quienes llevan años sosteniendo la Administración de Justicia desde la interinidad”, afirman.
Más preocupante aún es que las recientes sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, de junio y julio de 2024 respectivamente, invalidaron el proceso completo al considerar inaplicable la normativa utilizada, al tratarse de un cuerpo que requiere regulación mediante ley orgánica.
Esta decisión dejó al colectivo en un limbo jurídico y evidenció que no existía un plan claro ni efectivo para abordar su situación.
Una exclusión que resalta frente a otros cuerpos
Mientras los LAJ interinos enfrentan esta realidad, otros colectivos de la Administración de Justicia y del sector público han avanzado hacia la estabilización. Los médicos forenses, por ejemplo, ya completaron sus procesos, y está previsto que las carreras judicial y fiscal sigan un camino similar.
Sin embargo, en el caso de los LAJ interinos, el Ministerio no ha tomado medidas específicas para garantizar su regularización.
“La exclusión de nuestro colectivo es una clara vulneración del principio de igualdad”, denuncian desde el PICLAJ. “En todos los cuerpos se han implementado mecanismos para reducir la temporalidad, excepto en el nuestro. Somos el único colectivo que ha quedado completamente fuera”.
El problema se agrava cuando se observan las cifras: según datos del Gobierno, en marzo de 2024 había 871 interinos en el cuerpo de LAJ, cifra que representaba más del 25% de la plantilla.
No obstante, la plataforma advierte que esta cifra podría superar los 1.000 debido a la continua necesidad de convocar bolsas extraordinarias de personal sustituto en diferentes provincias.
Vulneración de la normativa europea
El colectivo no solo se siente abandonado a nivel nacional, sino también desprotegido frente a la normativa europea. Desde 2013, los miembros de PICLAJ han presentado más de 150 denuncias ante la Comisión Europea, destacando la falta de trasposición de la Directiva 1999/70/CE, que regula la estabilidad en el empleo de los trabajadores temporales.
Esta Directiva, que sí se ha aplicado a otros cuerpos de la Administración Pública, ha sido ignorada en el caso de los LAJ interinos.
“La situación del cuerpo de LAJ no es que tenga una incorrecta transposición de la Directiva, es que ni siquiera se ha traspuesto”, señala la plataforma en un comunicado.
La Comisión Europea, en respuesta a estas denuncias, incluyó el caso de los LAJ en un procedimiento de infracción contra España, enviando al Gobierno una carta de emplazamiento adicional en octubre de 2024.
Para los LAJ interinos, la exclusión no solo tiene consecuencias laborales, sino que también representa un desprecio hacia un colectivo que desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema judicial español.
La falta de medidas específicas para este grupo contrasta con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que busca reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8 %, especialmente en la Administración de Justicia.
“El Ministerio de Justicia habla de modernización y eficiencia, pero excluye deliberadamente a un colectivo que lleva años en la precariedad. Nos han dejado fuera de todas las soluciones propuestas”, critican desde el PICLAJ.
A día de hoy, el colectivo sigue esperando respuestas a cuestiones fundamentales: ¿por qué el Ministerio de Justicia no ha incluido a los LAJ interinos en los procesos de estabilización? ¿Habrá finalmente una trasposición de la Directiva 1999/70/CE en la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Qué medidas tomará el Gobierno en respuesta a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea?
La pelota queda en el tejado del Ministerio.
