Como investigado el exministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos, no está obligado a decir la verdad, como ocurre cuando se comparece en calidad de testigo. Puede articular la versión que mejor encaje con sus intereses. Foto: EP.
Comienza el final de la cuenta atrás para José Luis Ábalos: en 3 días declarará ante el magistrado Leopoldo Puente
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17/2/2025 05:35
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Actualizado: 16/2/2025 23:39
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos está citado el próximo 20 de febrero para que declare como investigado en el Tribunal Supremo (TS) por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones, tras lo cual, el instructor del ‘caso Koldo’ en el TS ya ha avisado de que ese mismo día valorará la imposición de medidas cautelares contra el que fuera ‘número tres’ del PSOE.
Inicialmente, Ábalos estaba citado para el 18 de febrero, pero el instructor, el magistrado Leopoldo Puente, acordó posponerlo al día 20 después de que el abogado del ex ministro socialista así lo pidiera por tener otra cita anterior en otro juzgado en esa fecha por un asunto relativo a otro cliente.
Puente citó a Ábalos «ya con el estatus propio de investigado en la presente causa especial una vez obtenido el correspondiente suplicatorio» por parte del Congreso, que lo concedió el pasado enero después de que el Supremo pidiera levantar la inmunidad parlamentaria que hasta ese momento amparaba al diputado del Grupo Mixto.
Precisamente, por contar ya con la luz verde de la Cámara Baja para actuar contra Ábalos como proceda, Puente avanzó que tras la declaración como imputado se celebrará una vistilla a fin de valorar la imposición de medidas cautelares, que podrían ir desde el ingreso en prisión provisional a la retirada del pasaporte, entre otras.
El que fuera ‘número tres’ del PSOE prestó declaración voluntaria el 12 de diciembre. Entonces, negó recibir pagos de ningún tipo–-efectivo o especie– del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, De Aldama, a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia y de obra pública.
Puente también encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe patrimonial de Ábalos y su hijo Víctor. Quiere saber «a la mayor brevedad posible» las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; los inmuebles o vehículos registrados a su nombre; y su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.
Asimismo, requirió a la UCO otro informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas y demás actuaciones realizadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en la causa –Ábalos, su ex asesor Koldo García y De Aldama–, debiendo reflejar la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas.
RECURSO DE ÁBALOS
El exministro de Transportes recurrió el encargo a la UCO al entender que el Supremo pretende «una revisión general» de sus actuaciones, «lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan ‘fishing expedition'», para indagar en su «vida y obra» a ver si «existen otros delitos que puedan ser descubiertos, partiendo del convencimiento de la fuerza investigadora sobre la criminalidad del investigado».
«La investigación patrimonial acordada se refiere a la fecha objeto de investigación de este proceso, o acaso, a la fecha en que Ábalos se hizo cargo del ministerio o, se extiende la investigación al momento que inició su carrera política», preguntó la defensa del ex secretario de Organización del PSOE.
También reprochó a Puente que anunciase la vistilla para valorar la adopción de medidas cautelares cuando –alegó–, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), esas medidas deben ser solicitadas por el fiscal o por alguna de las acusaciones.
Con todo, acusó al magistrado de tener «una predisposición» a celebrar una comparecencia no solicitada», apuntando a «una pérdida de objetividad e imparcialidad» por parte de Puente.
PRUEBA CALIGRÁFICA
Además, el instructor citó para el 18 de febrero a Koldo García para someterle a una prueba caligráfica que permita esclarecer la autoría de los documentos aportados por De Aldama que reflejarían un listado de obras públicas «preadjudicadas», a cambio de las cuales Ábalos habría recibido como «garantía» un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.
De acuerdo con De Aldama, dicho piso se le habría ofrecido por 750.000 euros a pesar de que su valor de mercado rozaría los 2 millones de euros, un desfase que Puente puso de relieve durante la ronda de declaraciones del pasado diciembre y que ahora se dispone a investigar al pedir que se designe a un agente inmobiliario en calidad de perito para que determine cuánto valía la vivienda el 24 de abril de 2019.
El instructor también ha citado como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los ex altos cargos de Transportes Jesús Gómez, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; al jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; al hermano de Koldo, Joseba García; al hijo de Ábalos; a la ex pareja sentimental del ahora diputado; y a la empresaria Carmen Pano.
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