Los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han cerrado este martes un acuerdo para nombrar presidente de la Audiencia Nacional (AN) al magistrado conservador Juan Manuel Fernández.
Igualmente, ha acordado el nombramiento del conservador Ignacio Sancho y a la progresista Concepción Ureste como presidentes de las Salas Civil y Social del Tribunal Supremo (TS), respectivamente, dejando para más adelante las salas clave de lo Penal y Contencioso-Administrativo del TS, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
La presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló, incluyó ‘in extremis’ en el orden del día del Pleno ordinario previsto para este miércoles los nombramientos de las presidencias de cuatro salas del alto tribunal –Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social–, a pesar de que en ese momento no había acuerdo entre los diez vocales progresistas y los otros diez conservadores.
En estos días, las negociaciones entre ambos sectores se han sucedido de forma frenética para intentar desbloquear estos cuatro nombramientos pero el obstáculo continúa siendo el mismo: los vocales progresistas defienden las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso para las salas Segunda y Tercera, respectivamente; mientras que sus colegas conservadores abogan por dejar de titulares a quienes ya las presiden de forma interina, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas.
Llegados a este punto, en vísperas del cónclave se puso sobre la mesa la posibilidad de dejar esos dos nombramientos para más adelante para poder acordar las presidencias de las salas Primera y Cuarta del TS y los otros 35 nombramientos que quedaron pendientes el pasado 12 de febrero –23 de la jurisdicción ordinaria y 12 de lo militar–.
De acuerdo con las fuentes consultadas, esta oferta contempla nombrar al único candidato que hay para la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, y apostar por la aspirante progresista en la Sala de lo Social, Concepción Ureste, frente al magistrado conservador Juan Molins.
En la Audiencia Nacional
En la Audiencia Nacional, implica situar al ex vocal conservador del CGPJ Juan Manuel Fernández en la Presidencia del tribunal; al veterano magistrado Alfonso Guevara como presidente de la Sala de lo Penal; y a la magistrada progresista Manuela Francisca Fernández de Prado como presidenta de la Sala de Apelaciones.
Lo cierto es que esta propuesta no ha contado con el apoyo unánime del bloque progresista. Si bien algunos creen que es la solución pragmática para poder avanzar con los nombramientos pendientes, otros lo ven como una imposición de sus pares conservadores ante su firme negativa a admitir las candidaturas de Ferrer y Teso.
De hecho, vocales progresistas advierten del riesgo de que, si las presidencias de las salas Segunda y Tercera se desgajan de las actuales negociaciones, y el ala conservadora persiste en su negativa a Ferrer y Teso, la actual situación ‘de facto’, con Martínez Arrieta y Lucas al mando de sus respectivas salas, se consolide hasta que éstos se jubilen, en los próximos dos años.
Fuentes del CGPJ señalan a Europa Press que el pacto está prácticamente cerrado a falta de atar los últimos flecos en una reunión poco antes de que arranque el Pleno, a las 9.30 horas.
SIN ACUERDO EN LA ‘REGLA DE PARIDAD’
Una de las claves para estos cuatro nombramientos en el TS era la regla de paridad, conforme a la cual «se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombre, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%». No obstante, en este punto los bloques progresista y conservador del CGPJ tampoco consiguieron ponerse de acuerdo.
Los vocales progresistas defendieron que al menos dos de esas cuatro plazas debían resolverse a favor de mujeres. Sus pares conservadores, en cambio, sostuvieron que la paridad debe ser una aspiración en el conjunto de los nombramientos a realizar –más de 100 heredaron del antiguo CGPJ–, priorizando el mérito y la capacidad frente al género como criterios de selección.
Cabe recordar que para cualquier nombramiento discrecional son necesarios 13 votos, por lo que no vale únicamente con un solo bloque –empatados ambos con diez vocales– sino que se necesita un pacto transversal.
