El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha enviado esta mañana una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidiéndole que considere intervenir en el procedimiento abierto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En dicha intervención, el Reino de España deberá responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Constitucional de Bélgica, publicadas ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El procedimiento busca esclarecer si los Estados miembros están obligados a excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 2019/1937 no solo la información protegida por el secreto profesional de los abogados, sino también aquella amparada por el deber de confidencialidad de otras profesiones jurídicas.
Asimismo, se plantea si, en caso de no existir dicha obligación, los Estados pueden decidir libremente esta exclusión o si, por el contrario, la directiva vulnera derechos fundamentales recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en particular los artículos 7, 8 y 16, que garantizan el derecho al respeto de la vida privada, la protección de datos personales y la libertad de empresa.
El secreto profesional, «una piedra angular del derecho de defensa»
El ICAM recalca la urgencia de que España defina una postura firme ante la Directiva 2019/1937, que busca fortalecer los mecanismos para denunciar infracciones del Derecho de la Unión, enfatizando la importancia del secreto profesional como «una piedra angular del derecho de defensa y del ejercicio independiente de la abogacía».
En un contexto donde solo los Estados miembros tienen voz en este procedimiento, la participación de España es crucial para asegurar la confidencialidad del asesoramiento jurídico, más allá del Derecho de la Competencia, tocando la esencia misma de la práctica legal.
La reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa, impulsada por el Ministerio de Justicia, refuerza este secreto profesional en su artículo 16, haciendo indispensable la intervención de España ante el TJUE para respaldar la protección de la relación abogado-cliente en todo el ámbito europeo.
En este sentido, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha asegurado que: «El secreto profesional es una garantía fundamental del Estado de derecho y un pilar esencial del ejercicio de la abogacía. Instamos al Ministerio de Justicia a que tome una postura clara en la defensa de este derecho ante el TJUE, contribuyendo así a reforzar la protección de la confidencialidad del asesoramiento jurídico en toda la Unión Europea».
Además, el ICAM resalta la preocupación de entidades como los Colegios de Abogados belgas y la Asociación Europea de Abogados de Empresa por este tema, y la importancia de un posicionamiento español sólido en defensa de los principios básicos de la abogacía.
«El ICAM reafirma su compromiso en la defensa del secreto profesional y continuará impulsando iniciativas para garantizar su plena protección», ha concluido.
