El Tribunal Supremo de EE.UU. da un duro golpe a Donald Trump después de rechazar el intento del presidente estadounidense de bloquear el pago de 2.000 millones de dólares destinados a organizaciones de ayuda internacional por trabajos ya realizados para el Gobierno.
El fallo supone un revés para Trump, quien, desde que volvió al poder el 20 de enero, ha tomado medidas para frenar proyectos humanitarios estadounidenses en todo el mundo, llegando incluso a desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).
El Tribunal Supremo, con mayoría conservadora, ha decidido por cinco votos –incluido el del presidente del Supremo, John Roberts– a cuatro, mantener la decisión del juez del Distrito de Columbia, Amir Ali, quien ordenó a la Administración liberar de inmediato los fondos para organizaciones que se habían beneficiado de subvenciones de la Usaid o del Departamento de Estado.
La orden de Ali había dado originalmente a la Administración Trump hasta el 26 de febrero para desembolsar los fondos, que ascienden a casi 2.000 millones de dólares.
El mismo 26 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, suspendió temporalmente la orden horas antes de la fecha límite para que el alto tribunal tuviera más tiempo de considerar la petición formal de la Administración de bloquear el fallo de Ali. Finalmente, este miércoles emitió su veredicto.
El caso aún no ha concluido
No obstante, el caso aún no ha concluido. El Tribunal Supremo ha pedido a Ali que aclare qué obligaciones tiene el Ejecutivo de Trump para ejecutar su fallo.
Los siguientes pasos se decidirán en una audiencia judicial que el juez Ali tiene prevista para el jueves.
Trump, que llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner a «Estados Unidos primero», ordenó en su primer día en el poder, el 20 de enero, suspender durante 90 días toda la ayuda exterior, lo que ha impedido la provisión de atención médica vital en muchas partes del mundo.
Muchas organizaciones humanitarias consideran que Trump está excediendo su autoridad bajo la Constitución, ya que es el Congreso quien tiene el poder de decidir sobre los fondos, no el presidente.
