La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes reforzar el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) para que su titular se encargue exclusivamente de investigar la gestión de la Dana.
Así, la titular del juzgado podrá encargarse exclusivamente de la tramitación de las diligencias previas 692/2024, que se siguen por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre.
La medida de refuerzo fue solicitada el pasado 26 de febrero por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y durante su tramitación el Consejo General del Poder Judicial ha recabado el informe del Servicio de Inspección, que lo ha emitido con carácter favorable señalando que el Juzgado ha registrado una carga de trabajo del 177% en 2022, del 129% en 2023 y del 143% en 2024.
Además, tal y como establece la ley, se solicitó la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha sido concedida.
La medida de apoyo se extenderá inicialmente hasta el próximo 30 de junio, periodo durante el que la titular del Juzgado se encargará exclusivamente de la tramitación de las DP 692/2024 y del servicio de guardia, mientras que la comisionada –actualmente destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ontinyent– asumirá el funcionamiento ordinario del órgano judicial.
En el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida a su finalización, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con una antelación de al menos cuarenta días respecto de la fecha de vencimiento.
Polémicas palabras de Diana Morant
La petición de este refuerzo provocó la polémica el pasado domingo cuando la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró que Gobierno iba a reforzar el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja para que la magistrada encargada de investigar la gestión de la dana pueda dedicarse en exclusiva a ello.
Rápidamente, el CGPJ dejó claro que el articulo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al CGPJ la «competencia» sobre los refuerzos en la titularidad de los órganos judiciales y señala que este órgano «podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio».
En su apartado quinto, el mismo precepto añade que “la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria”.
