El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que analice la contratación del hermano del presidente del Gobierno, por presunto «trato de favor» en el empleo público y «violación de los principios de igualdad e imparcialidad en la administración».
En una pregunta parlamentaria, la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha planteado la necesidad de examinar la posible creación de un puesto «ad hoc» para David Sánchez Pérez Castejón por parte de una Administración pública.
Montserrat ha recordado que los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea, y el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE, que establecen los principios de igualdad, imparcialidad en la administración pública y prevención de conflictos de interés. Además, ha destacado que el artículo 298 del TFUE, regula el principio de buena administración en la función pública.
En un comunicado, el PP ha señalado que los agentes de la Guardia Civil «han detectado hasta un total de 329 comunicaciones que el ex asesor de Moncloa Luis Carrero mantuvo con David Sánchez entre 2022 y 2024, año en que el asesor fue contratado formalmente en la Diputación de Badajoz».
ACUSA A SÁNCHEZ DE «PISOTEAR» LAS REGLAS DE BUEN GOBIERNO
Tras resaltar que la corrupción es uno de los apartados del informe anual sobre el Estado de Derecho, el PP pregunta a la Comisión Europea si «beneficiar directamente al hermano del presidente es una violación del principio de imparcialidad administrativa» y pide saber «qué medidas piensa adoptar» para «garantizar que el Gobierno de España respete el principio de igualdad de acceso al empleo público».
«El presidente Sánchez nos demuestra cada día, escándalo a escándalo, que pisotea constantemente las reglas de buen gobierno y los valores democráticos que nos definen como europeos. El trato de favor es inaceptable en la administración pública. La Comisión invierte muchos recursos y tiempo en la lucha contra el tráfico de influencias y la corrupción y este caso es un ejemplo muy claro de lo que no hay que hacer», ha declarado Montserrat.
Además, Montserrat ha preguntado también a la Comisión Europea si va a solicitar información al Gobierno para determinar si la normativa española cumple los estándares europeos de imparcialidad en el acceso al empleo público o ha habido una vulneración del principio de transparencia en la gestión de recursos humanos en la Administración.
