Opinión | La digitalización de la Justicia madrileña en 2026: ¿un fracaso anunciado?

Cuando uno se imagina un Juzgado, piensa en togas, personas corriendo y esperas en pasillos; pero también piensa en torres de papel, en carpetas llenas de folios y en maletines repletos de expedientes.

La Comunidad de Madrid afirma que para 2026 este escenario desaparecerá, dejando paso a un sistema judicial cien por cien electrónico o de papel cero, donde los documentos físicos se verán sustituidos por el expediente digital, asumiendo la Administración el compromiso de renovar la infraestructura tecnológica.

Este ambicioso proyecto, fija en el horizonte la idea de una Administración ágil y eficaz, para la que el ejecutivo regional ha decidido destinar un presupuesto de más de 53 millones de euros en dos años. Sin embargo, aunque loable, este objetivo no está exento de desafíos y retos que se deben tener en cuenta para que la implantación sea real y eficiente.

Enfrentándonos diariamente a los medios tecnológicos precarizados de los Juzgados, parece difícil creer que en un año se vayan a unificar los sistemas informáticos y que, además, dicha unificación y digitalización no suponga un lastre en el quehacer diario de los profesionales y particulares.

Ya hemos visto los intentos de digitalización en otras Comunidades, y lo cierto es que las reticencias de los operadores son notables, puesto que, partiendo de un sistema creado para lo analógico, lo presencial y el papel, se pretende un giro de ciento ochenta grados, generando en muchas ocasiones una gran resistencia al cambio. Ya ocurrió así con la implantación del sistema Lexnet, y previsiblemente ocurrirá con este proyecto también.

Costes ocultos que conlleva la digitalización

En esa línea, parece interesante revelar los posibles costes ocultos que conlleva la digitalización, pues hablamos de cambiar el trabajo de miles de personas, desde jueces, fiscales o funcionarios, hasta abogados o procuradores. Un cambio que conlleva una pérdida de productividad en el proceso de aprendizaje y adaptación y que es probable que ahogue más a un sistema que ya está suficientemente colapsado.

Por otro lado, en un sistema donde las diferentes Administraciones regionales interaccionan continuamente, asombra la inexistencia y la falta de previsión de la gestión de los datos compartidos, así como la creación de un marco digital común que haría más eficiente el flujo de datos e información.

No debemos olvidarnos de los márgenes, y en los márgenes de este proyecto se quedan personas que interactúan constantemente con la Administración: personal con carencias tecnológicas, personas mayores o sin recursos.

Cuando hablamos de digitalizar la Justicia, un trámite necesario y urgente, no lo podemos hacer solamente desde el punto de vista del cambio de los sistemas informáticos, sino que inexorablemente debemos hacerlo también desde el cambio en la parte humana y en sus costumbres.

En relación a lo anterior, algo que suele fallar en este tipo de proyectos, es la falta de evaluación y control del impacto de los mismos. No se incluye a los operadores jurídicos en las posibles reformas o mejoras y no se mide el grado de satisfacción de los usuarios con el nuevo sistema. Así pues, se hace imperativa la medición del rendimiento, pues por muy alto que sea el coste de la evaluación, la inversión en la digitalización, si no tiene retorno, es una inversión perdida.

El llamado “Buscador 360”

Otra de las figuras más controvertidas de este proyecto es el llamado “Buscador 360”. Esta herramienta, permite que los empleados públicos puedan buscar todo lo relacionado con un expediente judicial a la vez. Para ello, incorpora 60 millones de documentos y 500.000 videos transcritos automáticamente mediante inteligencia artificial.

Los principios de esta herramienta convergen directamente con lo regulado en la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que prohíbe las decisiones automatizadas en ciertas materias más sensibles como la Justicia. Aunque no queda clara la convivencia de esta figura con la norma, lo que sí que está claro, es que del error o del mal uso de esta herramienta se pueden derivar consecuencias jurídicas con gran impacto para el ciudadano.

Ya han surgido voces preocupadas por los riesgos de la digitalización y el uso de los datos.

Blindaje en la protección de los datos

En una realidad socioeconómica donde los datos son uno de los mayores bienes de mercado, parece lógico que una inversión en lo digital deba ir acompañada de un blindaje en la protección de los datos. Especialmente en el ámbito penal, pero en cualquier tipo de procedimiento judicial, la información que contienen los expedientes es crítica, y dado el valor de dicha información, no parece descabellado pensar en usos indebidos, comercialización con datos personales, ciberataques o filtraciones, que pueden generar una responsabilidad de la Administración para con el ciudadano, así como una pérdida de confianza absoluta en las instituciones públicas.

En definitiva, se abre una ventana de oportunidad para la digitalización de la Justicia madrileña, que es necesaria y urgente. Sin embargo, digitalizar no debe ser únicamente transformar el soporte papel a un soporte electrónico, sino que debe consistir en transformar el statu quo de lo analógico en un sistema ágil, accesible y justo para todos, que reme a favor de un sistema de Justicia eficaz y eficiente.

Ahora bien, hacerlo quedándose en la superficie, sin una estrategia en el largo plazo, que prevea auditorías, evaluaciones y perspectiva crítica, es el anuncio de un fracaso asegurado y más cuando el plazo que ha propuesto la Comunidad de Madrid es tan breve.

No podemos caer en la trampa de pensar que, si es digital, todo será mejor. Una Justicia mejor, es la que pone al justiciable en el centro y para eso, todavía nos queda pendiente una reforma del sistema de Justicia, que sin duda Madrid, puede liderar.