El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros una reforma para desligar el mandato del fiscal general del Estado (FGE) del de la legislatura, con el fin de «reforzar la independencia del Ministerio Fiscal» y responder a las «reiteradas recomendaciones» de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.
En concreto, quieren que el mandato del FGE sea de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior.
Para evitar ceses discrecionales, el Gobierno solo podrá apartar al FGE por «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, se prohibirá que el fiscal general comparezca ante el Consejo de Ministros, y cualquier comunicación entre este y el Ejecutivo «deberá constar por escrito y ser publicada».
Según esas mismas fuentes, la reforma también otorga «mayor autonomía funcional» al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del FGE, en lugar del Gobierno.
Con vistas a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el texto prevé que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el Fiscal Jefe designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
LA JUNTA DE FISCALES PODRÁ IMPONER SU CRITERIO AL FGE
Otro de los puntos de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, ya que podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría cualificada de tres quintas partes.
En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales «no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros». Además, estas deberán inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
Por último, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del fiscal general y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el Ejecutivo, «es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad».
Esta reforma de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se trata de «la mayor» desde su aprobación hace cerca de 45 años, según ha defendido el Gobierno, y se pretende con ella «reforzar la independencia del Ministerio Fiscal» y «responder a las recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)».
Desde distintos sectores, incluida la propia Fiscalía, se venía reclamando una reforma que reforzara su autonomía para que, conforme prevé la nueva LECrim –aún pendiente de tramitación parlamentaria– los fiscales puedan asumir la investigación de las causas penales, ahora en manos de los jueces.
