El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado elaborar una propuesta priorizada de necesidades de incremento de la planta judicial ante las modificaciones en la organización de juzgados y tribunales que introduce la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Así, el órgano de gobierno de los jueces considera que estas importantes modificaciones de la norma exigen que la planta judicial esté ajustada y adaptada a la nueva realidad y lo suficientemente dotada para poder cumplir los retos de eficiencia y agilidad con los que se aborda la reforma.
Por ello considera indispensable llevar a cabo un estudio actualizado sobre las necesidades de incremento y adecuación de la planta judicial, para lo que ha acordado recabar informe de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las necesidades de sus respectivos territorios, así como del Servicio de Inspección.
Una vez aprobada la propuesta, esta será remitida al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a fin de que pueda tomarla en consideración en la elaboración de la programación de desarrollo de la planta judicial para 2025.
El CGPJ considera que el Gobierno debe contar con los datos y con el estudio y propuesta de necesidades que ha acordado elaborar, ya que es al Ejecutivo al que corresponde impulsar la política de creación de nuevas unidades judiciales y plazas de juez/a de adscripción territorial, de modo que la planta judicial sea idónea para atender las necesidades de la Administración de Justicia y se garantice así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos.
Seguridad jurídica ante la aplicación de la Ley de Eficiencia
El Pleno también ha tomado conocimiento de dos borradores de instrucción elaborados por el grupo de trabajo para el despliegue de los Tribunales de Instancia que fue constituido por acuerdo de la presidenta del TS y del CGPJ el pasado mes de marzo.
Aunque las novedades que plantea la Ley Orgánica 1/2025 serán abordadas en la modificación de los reglamentos del Consejo que este órgano ya está tramitando, se ha considerado que la inminente constitución de los primeros Tribunales de Instancia -prevista para el próximo 1 de julio- obliga a tratar con carácter urgente algunas cuestiones a fin de proporcionar certeza, claridad y seguridad jurídica a los miembros de la Carrera Judicial, a los operadores jurídicos y, especialmente, a las partes y a los ciudadanos, que son los auténticos destinatarios del servicio público de Justicia.
Los textos de los que el Pleno ha tomado conocimiento son un borrador de “Instrucción sobre régimen de coordinación, organización y funcionamiento de la administración al servicio de jueces y juezas y tribunales” y otro de “Instrucción sobre el ejercicio de las facultades de dirección e inspección por los jueces y magistrados”.
Ambos borradores serán ahora remitidos a los presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia a fin de que puedan realizar las observaciones que estimen oportunas antes de su aprobación.
