El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este lunes ratificar las medidas cautelares vigentes contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, consistentes en prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en sede judicial, descartando así la petición de prisión provisional que habían hecho las acusaciones populares lideradas por el PP.
Así lo ha acordado el magistrado en la vistilla celebrada tras la comparecencia de ambos, accediendo a lo planteado por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. En cambio, ha rechazado lo interesado por las acusaciones populares, que reclamaban prisión comunicada y sin fianza, al entender que no hay riesgo de fuga ni posibilidad de «ocultación» o «destrucción» de pruebas.
En los dos autos en los que argumenta las medidas cautelares adoptadas, el instructor sostiene que «es evidente que persisten e incluso aparecen seriamente consolidados tras el último informe» de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los «sólidos indicios de criminalidad» sobre Ábalos y Koldo.
El magistrado considera que de dicho informe «resultan indicios muy consistentes de que, tanto Ábalos como García, podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas, determinadas en el marco del Ministerio del que el primero era titular (…), concertados con terceras personas para este fin».
Así las cosas, el magistrado incide en que el informe de la UCO, acompañado de «muy expresivas y elocuentes grabaciones, aparentemente efectuadas por el propio Koldo», contribuye a «consolidar la consistencia» de indicios de que Ábalos y Koldo podrían haber cometido diferentes ilícitos penales: integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Puente manifiesta que la investigación permite afirmar que Koldo «intervendría activamente» en la contratación y gestión de adjudicaciones y que también realizaría «operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización» criminal. Sobre Ábalos, por su parte, apunta que «habría podido intervenir, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio» y que, indiciariamente, habría disfrutado «de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado».
Según el magistrado, de las pesquisas se sostiene que el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, aprovechando la «relación personal» que le unía a Ábalos y a Koldo, «podría haber obtenido información previa» que le habría «permitido articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro» de mascarillas «en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión».
El instructor añade además que De Aldama «podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional».
«Tres inmuebles», los indicios de las comisiones
Al hilo, el magistrado incide en que hay indicios suficientes de que Ábalos podría «haberse beneficiado económicamente con el pago» por parte De Aldama «o de personas terceras por él interpuestas».
En este punto, hace referencia al alquiler de la vivienda en la que residía Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos; el alquiler con opción a compra de un chalet en ‘La Alcaidesa’ (Cádiz); el contrato de alquiler, igualmente con opción a compra, de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros) «aparentemente muy inferior al de mercado»; y el alquiler estival en un chalet de Marbella «indiciariamente satisfecho por una empresa tercera como contraprestación a la publicación de una nota de prensa por parte de Transportes».
El instructor destaca que «nada menos que tres inmuebles, vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia (…) de De Aldama», beneficiado por «las comisiones generadas como consecuencia de las adjudicaciones» que entidades dependientes de Transportes habían «concertado con la empresa cuyos intereses económicos promovía De Aldama».
Ábalos lo niega todo, y Koldo no declara
Antes de dicha vistilla, Ábalos, que ha comparecido ante el TS por tercera vez tras ser citado nuevamente por dicho informe, ha dicho que no se reconoce en los audios grabados por Koldo que sirven de base al denominado ‘informe Cerdán’, apuntando incluso a que podrían estar manipulados, de acuerdo con fuentes jurídicas.
El ex dirigente socialista ha negado cualquier implicación en adjudicaciones irregulares y el cobro de mordidas. Sobre las presuntas maniobras para situar a determinadas personas en ciertos cargos, también se ha desvinculado.
García, por su parte, ha optado por no declarar, en contra de lo que hizo la otra vez que fue al Supremo. El ex asesor ministerial se ha amparado en que ha cambiado recientemente de abogado y su nueva defensa necesita tiempo para estudiar la causa.
Para Koldo acusaciones populares y Fiscalía han hecho las mismas peticiones que respecto a Ábalos, a lo que Puente ha contestado de idéntica forma, según las fuentes consultadas.
