Los jueces españoles enviaron a juicio a 50 personas físicas y 2 personas jurídicas por corrupción al concluir un total de nueve procedimientos en el primer trimestre de 2025, frente a las 34 personas físicas y las 14 personas jurídicas procesadas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el desglose que realiza el órgano de gobierno de los jueces consta que Madrid acumuló el mayor número de personas físicas acusadas: 31 en un procedimiento. Le sigue la Andalucía, con nueve personas físicas y una persona jurídica procesada en tres causas. Y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana, que registró seis personas físicas y una jurídica enviadas a juicio en el marco de dos procedimientos penales. Por último, en Castilla-La Mancha figura una persona procesada en un procedimiento.
Entre los datos facilitados por el CGPJ también se incluye el número de sentencias dictadas, que en el primer trimestre de 2025 alcanzó las 20: 15 fueron total o parcialmente condenatorias y 5, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 75% de los casos. Desde el órgano de gobierno de los jueces precisan que entre las sentencias condenatorias, ocho han sido por conformidad y siete sin conformidad.
Alta preocupación de la ciudadanía ante la corrupción
Según explica el CGPJ, la información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.
