El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS) ha solicitado al Congreso de los Diputados y al PSOE que le informen de los pagos y donaciones del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, entre 2014 y 2024, ante la «aparente falta de sintonía» entre los datos recabados de Hacienda y los que constan en las cuentas bancarias del aún diputado.
El magistrado Leopoldo Puente ha dado este paso después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le indicara en un oficio que, conforme a los datos de Hacienda, el Congreso de los Diputados pagó a Ábalos en retribuciones, dietas u otros conceptos desde 2014 y hasta el 2024, ambos inclusive, un total de 751.421,57 euros, pese a lo cual sus cuentas reflejan ingresos de la Cámara de Baja por 79.841,74 euros en ese mismo periodo.
En la misma línea, la UCO señaló a Puente, en base a esa misma información de Hacienda, que en esos años Ábalos hizo donaciones al PSOE por 44.729,29 euros, pero que «igualmente en los productos bancarios solo existe constancia de pagos al PSOE desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un monto total de 8.471,36 euro».
«Además, existen percepciones económicas giradas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales entre las fechas antedichas», detalló la UCO.
La UCO consideró «necesario» conocer las cantidades abonadas a Ábalos por el Congreso en esos años, así como todas las donaciones realizadas por el exministro al PSOE entre 2014 y 2024, todo ello con información de las cuentas bancarias de destino y origen, pidiendo al Supremo que recabara dicha información.
Puente, «con el propósito de esclarecer estas aparentes faltas de sintonía en la información disponible acerca de la verdadera situación económica» de Ábalos, accede a lo solicitado.
En consecuencia, reclama al Congreso de los Diputados que le informe, en «el plazo más breve posible, de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto» a Ábalos desde 2014, «precisando detalladamente todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones».
Al PSOE le pide, igualmente «en el plazo más breve posible», que le informe de «todas las cantidades dinerarias» entregadas por Ábalos al partido, «en concepto de donación o por cualquier otro motivo», pero también de las que el partido le abonó o transfirió a él, dando así un paso más respecto a lo interesado por la UCO, reclamando asimismo «la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato» asociado a esos abonos.
Más allá de Ábalos: el Supremo pide la vida laboral de otros imputados
En otra resolución, a instancias también de la UCO, Puente requiere a la Seguridad Social la vida laboral de los cinco empresarios imputados por el presunto pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública —Antxón Alonso, Fernando Merino, José Ruz y Antonio y Daniel Fernández Menéndez--, y de los presuntos beneficiarios de dichas mordidas: el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor Koldo García y su exmujer Patricia Uriz.
Y ello, explica Puente, «al efecto de conocer el desempeño laboral» de estas personas en esa década y «el vínculo que hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban»
Asimismo, pide a la Seguridad Social «tanto las altas y bajas de trabajadores, como las cotizaciones de las mismas«, en las empresas vinculadas a esos empresarios y en las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) desde las que actuaron en las obras señaladas por la UCO, y en Fiadelso, fundación creada por Ábalos.
Cabe recordar, que en el informe donde se destapó la presunta trama de obra pública, la UCO reflejó que Koldo consiguió que algunas de las empresas supuestamente implicadas en las irregularidades investigadas les contrataran a él y a su entonces mujer como «contraprestación».
Los investigadores detectaron «pagos de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y al menos el 2 de junio de 2023, de OPR al entorno de Koldo, mediante la contratación de su mujer (…) por parte de la empresa Áridos Anfersa», sobre la que el Supremo reclama información.
También recogieron «pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023, de LIC a Koldo, realizados mediante la contratación de éste por parte del empresario Juan Carlos Etero«.
El instructor se dirige también a Hacienda para pedir información sobre esos empresarios, esas compañías –incluidas las UTEs– y Fiadelso, para conocer «la verdadera situación patrimonial» de estas personas físicas y jurídicas.
El juez explica que la información obtenida se cruzará con los datos bancarios ya solicitados, lo que permitirá «conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquellas».
