El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, ha reivindicado la independencia judicial durante la apertura del Año Judicial. «No es un privilegio, sino una garantía de la ciudadanía», ha aseverado.
Ha sido en un discurso en el que, ante los asistentes, entre ellos la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha reclamado más plazas judiciales.
Además, ha manifestado que la transparencia fortalece la independencia judicial y la relevancia del papel de los jueces. «Hace visible que trabajamos con objetividad, responsabilidad y pleno respeto al interés general», ha afirmado.
Por otra parte, ha incidido en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y los menores en situación de desprotección. De ellos, ha dicho que deben encontrar «un espacio seguro en los órganos judiciales, un lugar donde puedan ser escuchados y protegidos».
El presidente del TSXG también se refirió a la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia y solicitó al poder judicial su participación activa en su implementación.
Fiscalía y TSXG ante la falta de recursos
Por su parte, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en un discurso con balance de los delitos incoados, con un incremento principalmente de los patrimoniales y socioeconómicos, los delitos de lesiones y contra la seguridad viaria, ha hecho referencia a la ola de incendios registrada este verano.
Aunque ha avanzado que será objeto de estudio en la Memoria del próximo año, ha recordado que la Fiscalía Superior emitió una instrucción interna para potenciar la represión de los incendios y en la que insta a valorar las medidas cautelares como la prisión provisional, usando herramientas tecnológicas para recabar pruebas y prevenir reincidencias.
«No son solo una catástrofe ambiental, son también un problema jurídico y social de primer orden, detrás de muchos de ellos se encuentran conductas delictivas que hacen necesario acometer una estrategia integral que combine justicia penal, educación social, gestión forestal y compromiso comunitario».
Mientras, ha apelado a afrontar la «insuficiencia estructural de recursos que acompañan a las reformas de la Justicia en España». «Durante demasiado tiempo ha sido y sigue siendo la hermana menor de las grandes políticas del país», ha dicho al considerar necesario un Pacto de Estado en esta materia.
