El miércoles y el jueves próximos se juegan mucho más que una simple comparecencia. José Luis Ábalos y Koldo García acudirán por cuarta vez al Tribunal Supremo, pero esta vez las circunstancias han cambiado radicalmente.
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa lo que el magistrado instructor Leopoldo Puente califica sin ambages como «ingresos irregulares y opacos». Y lo que declaren podría determinar si salen por su propio pie o con destino a prisión provisional.
La estrategia hasta ahora había funcionado con relativa eficacia. Ábalos respondía a su abogado y al juez; Koldo declaraba salvo excepciones. En junio, cuando el exasesor optó por guardar silencio, las acusaciones populares —lideradas por el PP— pidieron su ingreso en prisión.
La Fiscalía lo descartó entonces: no había riesgo de destrucción de pruebas y ambos habían comparecido siempre. Pero fuentes jurídicas consultadas advierten que esta vez la decisión dependerá del contenido de sus declaraciones. El terreno se ha vuelto considerablemente más resbaladizo.
Un informe demoledor
Lo que ha llevado al magistrado Puente a convocarles de nuevo no son meras sospechas. La UCO ha documentado lo que define como «consistentes indicios» de que los patrimonios de Ábalos y Koldo presentan «significativas zonas de intersección».
En cristiano: el exasesor habría estado pagando sistemáticamente gastos del exministro. No cualquier gasto. Hablamos de la pensión alimenticia de uno de sus hijos, las nóminas de su empleada doméstica, regalos a amistades, cuotas hipotecarias, viajes. El listado alcanza «un importe verdaderamente significativo en términos económicos», según el auto de citación.
¿Y qué recibía Koldo a cambio? Aquí está el problema: nada. Al menos nada que conste en las cuentas bancarias de Ábalos. El magistrado plantea dos escenarios, ambos inquietantes.
Opción A: Koldo asumía todos esos pagos «sin contrapartida explícita alguna», lo que resultaría cuando menos extraño tratándose de cantidades elevadas.
Opción B: Ábalos le devolvía el dinero en efectivo «o de otro desconocido modo». Ninguna de las dos versiones encaja con la relación «ordinaria entre un ministro y uno de sus varios asesores» que Ábalos ha descrito en sus declaraciones previas.
Los 95.000 euros fantasma
Los números cantan. La UCO ha detectado 95.437,33 euros desembolsados por Ábalos sin rastro en sus cuentas bancarias. De ellos, 20.799,40 euros corresponden a gastos personales con cargo a «una fuente de ingresos no declarada».
Además, el PSOE pagó a Ábalos con dinero en sobres, según ha documentado la Guardia Civil. Algunos de esos pagos tenían respaldo documental como compensación por gastos. Otros no.
Pero hay más. Los agentes han analizado conversaciones de WhatsApp entre Koldo y su entonces esposa, Patricia Uriz, en las que ambos verbalizaban que parte del dinero que manejaban —en efectivo o a través de sus cuentas— no era suyo, sino de Ábalos. Incluso habían desarrollado un código: «chistorras» para los billetes de 500 euros, «soles» para los de 200 y «lechugas» para los de 100. Un lenguaje que, como mínimo, sugiere opacidad.
¿Métodos no transparentes?
La expresión que utiliza el magistrado Puente es técnicamente precisa pero elocuente: «métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios». En otras palabras, sospecha que Koldo y Ábalos podrían haber estado recibiendo «indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia», posiblemente relacionados con los «graves ilícitos penales que se les atribuyen»: el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
La clave está en explicar lo inexplicable. ¿De dónde salía el dinero que Koldo gastaba en nombre de Ábalos? ¿Por qué el exministro tenía gastos superiores a sus ingresos declarados? ¿Qué justifica ese lenguaje críptico en los mensajes privados?
Las respuestas que den el miércoles y el jueves podrían marcar la diferencia entre mantener las actuales medidas cautelares —prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas— o enfrentarse a una petición fiscal de prisión provisional.
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán intentó sin éxito que se suspendieran las citaciones alegando que los abogados tenían otros señalamientos previos. El magistrado desestimó la petición recordando un detalle nada menor: en esta causa hay una persona en prisión provisional. La maquinaria judicial no se detiene.
Ábalos y Koldo tienen ahora una oportunidad para ofrecer explicaciones convincentes. O, al menos, para intentarlo. Porque lo que el informe de la UCO sugiere es que la versión oficial de su relación laboral convencional no se sostiene ante la realidad de los flujos económicos documentados. Y cuando los números no cuadran, las palabras deben ser especialmente sólidas.
