Tres asociaciones de jueces y fiscales sustitutos se reunieron este lunes en Bruselas con el Gabinete de Justicia de la Comisión Europea para denunciar lo que califican como una «grave situación» de precariedad laboral que afecta al 25% de la judicatura y la fiscalía españolas.
Las Asociaciones de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), Plataforma Judicatura Interina (APJI) y Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes (APDJSMS) alertaron de un «abuso estructural» en la contratación temporal de un colectivo que, según explicaron, desempeña las mismas funciones que los titulares pero sin estabilidad, sin derechos sociales plenos y con incompatibilidades absolutas para ejercer cualquier otra actividad profesional.
El motivo concreto de la reunión fue presentar un informe sobre la vulneración del Derecho de la Unión Europea por el proyecto de ley orgánica para la estabilización de jueces y fiscales sustitutos, actualmente en tramitación parlamentaria.
Aunque reconocen el esfuerzo del Gobierno por abordar el problema, las asociaciones sostienen que el proyecto «no pone fin al abuso ni garantiza la estabilidad», contraviniendo la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Como precedentes relevantes, citaron la denuncia de la Comisión Europea contra Italia por los jueces honorarios y las conclusiones del abogado general Norkus en el asunto Obadal (9 de octubre de 2025), que «refuerzan la necesidad de eliminar las consecuencias del abuso y limitar los procesos de estabilización a las verdaderas víctimas de la temporalidad abusiva».
Las tres asociaciones solicitaron a Bruselas que intervenga «con urgencia» para promover un proceso de estabilización restringido y por concurso de méritos, dirigido exclusivamente a quienes han sufrido abuso en la contratación, conforme a la jurisprudencia europea. También propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente con la Comisión para garantizar el cumplimiento de las directivas europeas.
«Confiamos en que la Comisión actúe con la celeridad que exige esta injusticia estructural, para garantizar la estabilidad, la igualdad y la dignidad profesional de quienes servimos a la Justicia española», concluyeron.
En su reunión, ambos colectivos presentaron un informe sobre la vulneración del Derecho de la Unión Europea por el proyecto de ley orgánica para la estabilización de jueces y fiscales sustitutos, actualmente en tramitación parlamentaria.
