El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Igualdad se han comprometido a colaborar en la realización de actividades dirigidas a poner en marcha las nuevas medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuya actualización y renovación se aprobó el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados. Para ello, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han firmado hoy un convenio marco de colaboración en la sede del órgano de gobierno de los jueces.
El acuerdo tiene como finalidad establecer las bases para hacer posible la colaboración de ambas instituciones en actividades de formación y perfeccionamiento dirigidas a los miembros de la Carrera Judicial sobre las materias descritas en el Pacto de Estado. Dichas actividades se desarrollarán, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo la dirección del CGPJ.
Todo ello, conforme a lo establecido en el Convenio de Estambul en relación con la violencia contra las mujeres, esto es, violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de sexo, el aborto forzado y la esterilización forzada; y otras violencias dirigidas contra las mujeres, como el proxenetismo, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, la violencia digital, la económica y la vicaria.
Se trata así de actualizar la formación judicial en igualdad, discriminación por razón de sexo y lucha contra la violencia de género para mejorar el abordaje de la violencia contra las mujeres y detectar formas encubiertas de dicha violencia en los procesos de familia y formar a los profesionales en la toma de declaración a las víctimas con el fin de asegurar la máxima calidad del relato y, al mismo tiempo, evitar la revictimización.
También se pretende que los operadores jurídicos cuenten con formación específica sobre el impacto de la violencia de género en las mujeres migrantes, así como continuar ampliando la formación especializada y obligatoria que reciben los profesionales que participan en procedimientos judiciales con menores de edad.
