Un año más, como cada 25 de octubre, conmemoramos el ‘Día Europeo de la Abogacía’, reivindicando la libertad y la independencia en el ejercicio de nuestra profesión como elementos que garantizan y fortalecen la democracia y el Estado de Derecho.
Y es que la Abogacía, por las trascendentales funciones que desarrolla y especialmente en los momentos de cambio, se erige en un actor principal y destacado de la sociedad civil.
Es nuestra función asegurar que la ciudadanía pueda acceder a un proceso con garantías plenas para defender sus pretensiones, funcionando incluso como una suerte de contrapeso frente a cualquier eventual exceso de los poderes públicos y las administraciones.
Es al juez, predeterminado por la ley, a quien le corresponde de manera exclusiva impartir justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según reza nuestra Carta Magna.
Pero es al abogado a quien el ordenamiento jurídico, en el artículo 24 de la Constitución, le reserva la importante misión de defender y reclamar justicia, conforme a las circunstancias y la realidad de los tiempos en que la norma debe ser aplicada.
A través del derecho de defensa, y mediante la palabra y el razonamiento jurídico, los profesionales de la abogacía contribuyen a la reafirmación continua de ese ideal de justicia, así como a la consecución de los valores de la Unión Europea y la promoción de los Derechos Humanos en toda su extensión.
Y tal es el motivo por el cual la independencia y el libre ejercicio profesional de la abogacía deben ser preservados en un sentido amplio.
Como garantes del derecho de defensa, los abogados y las abogadas deben poder asesorar, asistir y representar jurídicamente a su cliente; y deben poder hacerlo libres de cualquier injerencia o elemento de perturbación que pueda limitar o condicionar su actuación en detrimento de los intereses tanto del propio cliente como del mismo sistema público de Justicia.
En este sentido, debemos celebrar que, el pasado mes de marzo y tras varios años de esfuerzo por parte de la abogacía institucional española y europea, se aprobó el Convenio Europeo de Protección de la Abogacía.
Este Convenio nace con el propósito de convertirse en el primer tratado internacional para salvaguardar el ejercicio de nuestra profesión y garantizar así que los abogados y las abogadas puedan desempeñar sus labores de manera libre y segura.
«El Día Europeo de la Abogacía también es una oportunidad para reclamar el papel de los Colegios Profesionales como entidades que deben poder actuar con autonomía e independencia en el cumplimiento de sus finalidades e intereses».
Un tratado, sin duda, necesario, ya que desafortunadamente se constata un incremento de las amenazas, el acoso y las agresiones contra profesionales de la abogacía, en especial en temas sensibles en los que se defienden derechos humanos o la vulneración de las libertades más elementales.
No hay que olvidar que los profesionales de la abogacía están en la primera línea de defensa, exponiéndose y arriesgándose en diversas ocasiones a recibir ataques y/o presiones, con el objetivo de incidir y socavar el éxito de sus pretensiones para provocar el quebranto de la justicia.
AGRESIONES VERBALES Y ACOSO CONTRA LOS ABOGADOS, UNA CONSTANTE EN EUROPA
En una encuesta elaborada por el Consejo General de la Abogacía Europea (la CCBE, en sus siglas en francés), a la que respondieron casi 15.000 abogados y abogadas de 18 países, se pone de manifiesto que el 57,65 % de los encuestados respondieron haber sido “víctimas de comportamientos amenazantes o agresiones al menos una vez en los últimos dos o tres años”, siendo las agresiones verbales (64,36 %) y el acoso (43,91 %) las formas más comunes de tales ofensivas.
Destacan también, por su gravedad, las agresiones físicas (11,86 %) y el hecho de que más de un tercio (35,36 %) haya considerado abandonar la profesión con motivo de estos actos de perturbación.
De ahí la importancia del Convenio Europeo de Protección de la Abogacía, que hasta la fecha ha sido ratificado por un total de 17 países, habiendo manifestado España su intención de hacerlo próximamente.
Además de este tratado internacional, en la efeméride del presente Día Europeo de la Abogacía debemos celebrar, como forma de protección del ejercicio profesional, la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, de cuya promulgación pronto hará un año.
Una norma, sin duda alguna, pionera a nivel europeo y digna de toda mención en esta materia, que hace referencia a los Colegios Profesionales como garantes institucionales del derecho de defensa al asegurar el cumplimiento debido de las normas deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de sus funciones profesionales en las que pudieran verse perturbados o inquietados.
El Día Europeo de la Abogacía también es una oportunidad para reclamar el papel de los Colegios Profesionales como entidades que deben poder actuar con autonomía e independencia en el cumplimiento de sus finalidades e intereses.
No es posible deslindar el ejercicio de nuestra profesión del desarrollo jurídico y social de nuestro entorno.
Y, por eso, desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona seguiremos promoviendo marcos de entente y colaboración institucionales, sin dejar de lado las firmes pero respetuosas reivindicaciones, muchas de las cuales trascienden incluso más allá de lo estrictamente corporativo, porque, precisamente por encontrarse dentro de nuestra función social, van dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto de la dignidad humana en todas sus expresiones.
