Alabama volvió a aplicar la pena de muerte mediante hipoxia por nitrógeno, un método cada vez más extendido en Estados Unidos y que sigue bajo intenso escrutinio jurídico y médico.
Anthony Boyd, condenado por el asesinato de Gregory Huguley en 1993, falleció a las 18:27 horas del jueves de la pasada semana tras inhalar nitrógeno puro en la prisión Holman, en Atmore. Tenía 54 años.
La Corte Suprema de los Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó horas antes suspender la ejecución. La juez Sonia Sotomayor discrepó, respaldada por sus colegas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Son las tres jueces progresistas progresistas. Los seis restantes son conservadores.
En su voto particular concurrente advirtió que el método añade “terror psicológico innecesario” y que Boyd solicitaba “la forma más mínima de clemencia: morir por fusilamiento”, que consideraba más rápida y menos cruel. Añadió que “la evidencia creciente e ininterrumpida” sugiere que el método de hipoxia de nitrógeno es inconstitucional
Con la muerte de Boyd, Alabama suma siete ejecuciones con nitrógeno desde enero de 2024, cuando se convirtió en la primera jurisdicción del mundo en emplear esta técnica.
Otros estados —Luisiana, Arkansas, Misisipi y Oklahoma— la han autorizado, aunque solo Luisiana la ha utilizado hasta ahora.
La juez progresista de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, apunta en su voto particular que «la evidencia creciente e ininterrumpida» sugiere que el método de hipoxia por nitrógeno es inconstitucional.
Un caso controvertido
Boyd fue condenado por un jurado en 1995, que recomendó la pena capital por 10 votos a 2. Participó, según la sentencia, en el secuestro y asesinato de Huguley, quemado vivo por una deuda de drogas de 200 dólares.
No hubo pruebas físicas directas; la acusación se basó en el testimonio de un coimputado que pactó una reducción de pena. Boyd siempre defendió su inocencia.
En aquel momento, la ejecución en Alabama se realizaba por electrocución. En 2002 se pasó a la inyección letal. La autorización legal del nitrógeno llegó en 2018, en pleno litigio por los fallos en los protocolos de inyección. Ese mismo año, Boyd optó por la hipoxia como método alternativo.
Cómo es la ejecución mediante hipoxia por nitrógeno
Este procedimiento se basa en principios fisiológicos específicos que, en teoría, provocarían una muerte sin dolor.
El proceso fisiológico de ejecución
El método funciona sustituyendo el oxígeno que respira el condenado por nitrógeno puro al 100%. El cuerpo humano no detecta directamente la falta de oxígeno; en cambio, responde a la acumulación de dióxido de carbono.
Cuando una persona respira nitrógeno puro, el anhídrido carbónico se exhala normalmente, por lo que no se activa la sensación de asfixia que experimentaríamos, por ejemplo, al contener la respiración.
Sin oxígeno, el cerebro comienza a sufrir hipoxia. En condiciones normales, perdemos la consciencia en aproximadamente 15-30 segundos. Tras varios minutos sin oxígeno, se produce la muerte cerebral y, finalmente, el paro cardíaco.
El protocolo estatal prevé una mascarilla industrial ajustada, lectura de la orden de ejecución y flujo continuo de nitrógeno durante 15 minutos o hasta cinco minutos después de la parada cardiaca. La primera vez que se aplicó este sistema de ejecución en Alabama fue el 25 de enero de 2024, en el caso de Kenneth Smith.
En el de Boyd se le comenzó a suministrar nitrógeno a las 5:57 p.m. aproximadamente. Boyd cerró el puño, levantó ligeramente la cabeza de la camilla y comenzó a temblar. Luego levantó las piernas varios centímetros de la camilla.
Alrededor de las 6:01 p.m. comenzó una larga serie de respiraciones agitadas que duró al menos 15 minutos, antes de quedar inmóvil. La cortina de la cámara de ejecución se cerró a las 6:27 p.m. El comisionado de prisiones dijo que el gas se mantiene fluyendo durante cinco minutos después de que el monitoreo muestra que el recluso ya no tiene latido cardíaco.
A favor y en contra
Los críticos del método argumentan que existe una preocupante falta de investigación científica rigurosa, que no se ha probado adecuadamente en contextos no experimentales, y que los movimientos convulsivos observados durante las ejecuciones sugieren una experiencia angustiante que podría causar sufrimiento innecesario al condenado.
Por su parte, los defensores del sistema sostienen que representa un avance más humano comparado con métodos tradicionales como la inyección letal o la silla eléctrica, destacando además ventajas prácticas como la abundancia y bajo coste del nitrógeno, y que su uso evita los crecientes problemas legales y de suministro asociados con la obtención de los fármacos necesarios para la inyección letal.
El protocolo y el control judicial
Boyd impugnó la hipoxia en julio de 2024 alegando riesgo de “dolor extremo y terror” por una asfixia consciente. Citó convulsiones y sacudidas observadas en otras ejecuciones y propuso alternativas: fusilamiento, y en un inicio, horca y muerte médicamente asistida (MAID).
Retiró esta última.
El estándar aplicable procede de Baze v. Rees y Glossip v. Gross: el reo debe demostrar una alternativa “disponible” que reduzca significativamente el riesgo de dolor añadido y que el Estado la rechaza sin justificación.
La jueza federal Emily C. Marks desestimó la demanda: consideró que el retraso en la pérdida de conciencia podía ser una reacción involuntaria al miedo a morir y que el fusilamiento sería más doloroso, mientras que la MAID no es viable por requerir personal sanitario adicional.
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó el fallo el 20 de octubre.
La Corte Suprema, fiel a su línea de no interferir salvo circunstancias excepcionales en política de pena capital, dejó avanzar la ejecución. Boyd pasó sus últimas horas con nueve visitantes y dos llamadas telefónicas. Rechazó almuerzo, cena y última comida.
En la Unión Europea no existe la pena de muerte
La ausencia de la pena de muerte en la Unión Europea no es casual, sino el resultado de un proceso histórico, ético y legal que convierte su prohibición en un pilar fundamental de los valores europeos.
La abolición de la pena capital es una condición sine qua non para ingresar en la Unión Europea. Ningún país puede convertirse en miembro si mantiene la pena de muerte en su legislación, ni siquiera en tiempos de guerra. Esta exigencia está vinculada a dos instrumentos jurídicos clave:
El Protocolo nº 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1983) prohíbe la pena de muerte en tiempos de paz, mientras que el Protocolo nº 13 (2002) la abolió completamente, sin excepciones, incluso en contexto bélico.
A diferencia de otras regiones del mundo, en Europa existe un amplio consenso social y político sobre esta cuestión. Las encuestas muestran que, aunque puntualmente tras crímenes especialmente atroces puede haber repuntes en el apoyo a la pena capital, la mayoría de los ciudadanos europeos se opone a su reintroducción.
Este consenso se refleja en que ningún partido político mayoritario en la UE propone restablecer la pena de muerte, siendo considerado un tema fuera del debate político legítimo.
