La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la recién nombrada presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica o de género, Esther Rojo, afirmó este jueves que el sistema judicial español cuenta con instrumentos para evitar la victimización secundaria.
Fue durante su intervención en el Congreso Nacional sobre Victimización Secundaria en el Sistema Judicial, organizado por la Universidad Católica de Valencia (UCV) con apoyo de la Generalitat Valenciana.
«Contamos con instrumentos para evitar la victimización secundaria. Nos estamos jugando la confianza de la Justicia e los tribunales», afirmó Rojo.
La magistrada subrayó que la protección de la víctima debe compatibilizarse con «las garantías procesales del investigado o acusado», un equilibrio que consideró imprescindible «para no retroceder en el Estado social y democrático de derecho».
La formación judicial, eje para prevenir la revictimización
La vocal del CGPJ destacó la importancia de la capacitación específica de jueces, magistrados y operadores jurídicos, insistiendo en la necesidad de un «reciclaje continuo» y del uso de un lenguaje judicial claro y accesible.
En esta línea, puso en valor iniciativas como la adaptación de sentencias a lectura fácil para personas con discapacidad cognitiva, desarrollada junto a Plena Inclusión.
Rojo enumeró asimismo medidas implantadas para reducir la revictimización: la red de oficinas de atención a las víctimas, el uso de salas Gesell y el modelo Barnahus para la toma de declaración a menores, así como los dispositivos que evitan el contacto visual entre víctima y acusado.
Añadió que la nueva directiva europea en materia de violencia contra la mujer prevé un «punto de acceso único» para concentrar información y recursos y evitar “el peregrinaje” institucional de las víctimas.
La vocal quiso llamar la atención, además, sobre los colectivos especialmente vulnerables: mujeres en zonas rurales, personas con discapacidad, mujeres migrantes o sin recursos, y víctimas de delitos cometidos a través de tecnologías digitales, que pueden sufrir una «victimización continua» mientras los contenidos permanecen en la red.
La Comunidad Valenciana despliega la mayor red pública de atención a las víctimas
En el mismo encuentro, el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler, destacó que la Comunidad Valenciana ha consolidado «la mayor red de atención a las víctimas del delito en España», con 37 oficinas locales y tres provinciales que garantizan una intervención integral en todas las fases del proceso judicial. Estos servicios cuentan con psicólogos, letrados y trabajadores sociales, y se rigen por los criterios del Estatuto de la Víctima.
Soler explicó que la Generalitat trabaja contra la victimización secundaria a través de tres ejes: formación especializada del personal, coordinación entre operadores para evitar la reiteración del relato y una atención integral que incluye apoyo jurídico, psicológico, social y económico. «La reparación no es solo jurídica; también es moral», remarcó.
El director general anunció que la administración seguirá reforzando la red de oficinas y ampliando la coordinación con recursos como los Centros Mujer o los servicios de salud mental, además de adaptarse a las nuevas formas de victimización vinculadas a la tecnología. El congreso, aseguró, permitirá generar “decálogos y documentos de buenas prácticas” que actualizarán el conocimiento profesional y mejorarán la atención a las víctimas.
El reto de la justicia “afectiva”
La jornada concluyó con la ponencia del criminólogo y catedrático de la Universitat de València Vicente Garrido, quien diferenció entre la justicia «efectiva», centrada en procedimientos, y la justicia «afectiva», que contempla la experiencia subjetiva de las víctimas. Garrido recordó que la victimización secundaria puede derivar tanto de disfunciones del sistema —con su “lentitud exasperante”— como de marcos legales que no reflejan el sufrimiento real.
Entre las principales demandas de las víctimas, enumeró la participación en el proceso, el reconocimiento, la asunción de responsabilidad por parte del agresor, la seguridad y la posibilidad de ser escuchadas. Defendió la necesidad de acompañar a las personas en su tránsito “del rol de víctima al de superviviente”, integrando la pérdida sin quedar atrapadas en el episodio traumático.
