El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, opina que hay indicios «más que concurrentes» para condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador,
Así lo ha señalado en rueda de prensa este lunes en relación al juicio que quedó el pasado jueves visto para sentencia y en el que el ICAM formaba parte como acusación particular. Ribón ha destacado que, una vez practicada la prueba en el procedimiento, «el Colegio observa indicios más que concurrentes de posible responsabilidad penal del fiscal general».
Según apunta, esos indicios se sustentan en varios elementos como el dominio de los hechos por parte del fiscal general, en tanto que es superior jerárquico de toda la Fiscalía. Así, destaca que «hay indicios directos derivados de la cronología de los acontecimientos e indirectos procedentes de testimonios convergentes».
«Uno de los hechos más graves, a juicio del ICAM, sería el borrado del teléfono móvil, lo que agrava la inferencia del dolo, especialmente por haberse producido de modo cronológicamente concurrente con la apertura de la causa por parte del Tribunal Supremo», apunta.
Además, ha insistido en que el perjuicio está «plenamente acreditado» desde la perspectiva del derecho de defensa, «núcleo central de la actuación del Colegio en este caso».
La actuación del ICAM en el caso del FGE, con «total adhesión» del sector
Por otro lado, ha destacado que la decisión de iniciar acciones penales fue «colectiva, unánime y muy madurada» por parte de la Junta de Gobierno del Colegio, subrayando que «no existió ningún tipo de presión para adoptar esta posición».
El decano ha señalado que la Junta de Gobierno actuó como órgano soberano y lo hizo tras un proceso interno «muy complejo, pero al mismo tiempo muy madurado y muy bien planteado».
El decano ha recordado además que el ICAM fue «pionero» en activar esta vía frente a la Fiscalía General, destacando que el movimiento no surgió de impulsos individuales, sino de una reflexión institucional profunda. De igual modo, ha ensalzado el amplio respaldo recibido por los profesionales del derecho.
«Han sido miles las comunicaciones que hemos recibido, y la respuesta ha sido de total adhesión, apoyo y reconocimiento. Para nosotros era un hecho sin precedentes y una fractura plena del derecho de defensa», ha apuntado.
