El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Asociación Española de Abogados del Estado que elabore un informe sobre las «cualificaciones académicas y titulación exigibles» para hacer pliegos para esclarecer si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cometió un delito de intrusismo al firmar pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Así consta en una providencia, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid encarga el mencionado informe sobre los requisitos para poder elaborar «cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras pública».
Cabe recordar que Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, malversación e intrusismo. Aunque en un punto de la investigación la causa estaba dividida en dos piezas, por orden de la Audiencia Provincial, el juez acumuló todas las ramas de investigación en una sola pieza, la principal.
La causa nació en abril de 2024, a raíz de una denuncia que presentó Manos Limpias en la que se acusaba a Begoña Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Juan Carlos Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.
Por estos hechos, el instructor imputó a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Precisamente por este último delito, Peinado considera que toda la causa puede acabar juzgada por un tribunal del jurado, porque está incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado popular y arrastraría al resto.
El presunto intrusismo de Begoña Gómez
En noviembre de 2024, el juez abrió una nueva línea de investigación, consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez. En este punto, el instructor imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo.
Ahora, un año después, Peinado ordena diligencias para esclarecer si Gómez cometió o no un delito de intrusismo al firmar la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas a la Cátedra de TSC, así como documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software para la mencionada cátedra, para los cuales no reunía la capacitación adecuada.
A lo largo de la investigación, la defensa de Gómez ha incidido en que firmó dichos pliegos por órdenes de la Complutense, desmarcándose así de cualquier irregularidad.
