La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes, ha hecho pública en su XXVII Congreso una dura declaración institucional en la que acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber traspasado los límites de la lealtad institucional y de comprometer el respeto debido al Poder Judicial, un principio que —recuerda— está en la base del Estado democrático de Derecho proclamado en el artículo 1 de la Constitución.
La APM critica, en primer lugar, las declaraciones del jefe del Ejecutivo en las que este afirmó la culpabilidad en un caso que aún se encontraba en fase de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo, en referencia clara al caso en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estaba siendo juzgado por la Sala de lo Penal del Supremo.
Según la asociación, esta intervención constituye “una intromisión” que vulnera la obligación de respetar la independencia judicial, especialmente exigible a quienes ejercen responsabilidades de Gobierno.
«Las recientes declaraciones del señor Presidente del Gobierno, realizando afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad sobre un asunto que estaba siendo todavía juzgado por el Tribunal Supremo, solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle«, dice la APM.
UN TRASPASO DE LA LEALTAD INSTITUCIONAL
El comunicado también reprueba la desautorización que, días después, realizó el presidente respecto de la decisión del tribunal sentenciador en este caso de la Sala de lo Penal del Supremo de avanzar el fallo.
Para la APM, este gesto supuso un “nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional”, agravado —señalan— por haberse producido sin esperar a conocer la fundamentación jurídica de la resolución ni la postura definitiva del Fiscal General del Estado.
«La desautorización dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del Fiscal General del Estado«, subraya.
Otro de los puntos más duros de la declaración se dirige a la advertencia del Ejecutivo sobre la posible revisión de las potestades jurisdiccionales de tutela de los derechos e intereses legítimos: «La advertencia sobre la posibilidad de revisar las potestades de tutela de los derechos e intereses legítimos colisiona también frontalmente con el propio texto constitucional».
La asociación recuerda que el texto constitucional, que consagra el papel de los jueces como garantes del orden jurídico y de los derechos fundamentales.
En su conclusión, la APM deplora lo que califica como “graves ataques y descalificaciones” dirigidos contra el Tribunal Supremo y contra el Poder Judicial en su conjunto. A juicio de la asociación, estas actuaciones son “absolutamente impropias de una democracia avanzada” y exige su cese inmediato.
«La Asociación Profesional de la Magistratura, defendiendo una vez más los valores que inspiran su compromiso con la sociedad, no puede sino deplorar y exigir el cese de tan graves ataques y descalificaciones como son los que vienen reiterándose contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en su conjunto, absolutamente impropias en una democracia avanzada», destacan.
La organización judicial finaliza reafirmando su compromiso con la ciudadanía y con el ejercicio independiente de la función jurisdiccional. Recuerda que todos los miembros de la carrera judicial prometieron al ingresar en ella “administrar recta e imparcial justicia frente a todos”, y asegura que esa seguirá siendo su guía en un contexto que, según advierten, tensiona la relación entre los poderes del Estado.
