La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL) ha manifestado su «más firme rechazo» a la decisión del Gobierno de transferir a la Generalidad de Cataluña competencias sobre la selección y gestión de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
La medida, incorporada en el Real Decreto-ley que regula la subida retributiva de los empleados públicos, supone según la asociación profesional un ataque directo a la independencia de un cuerpo funcionarial clave en el control de la legalidad y la gestión económica de miles de ayuntamientos españoles.
«Sacrificados para asegurar apoyos parlamentarios»
En un durísimo comunicado, APSITAL acusa al Ejecutivo de haber convertido a estos funcionarios «de facto, en moneda de cambio» para garantizar respaldos en el Congreso. La organización denuncia que la operación se ha realizado «sin diálogo» y mediante un instrumento normativo de urgencia que carece de «conexión material» con la materia que dice regular.
«El Gobierno ha decidido sacrificar la imparcialidad y la independencia de los habilitados nacionales para asegurar apoyos parlamentarios», señala el texto, que califica la maniobra legislativa de «grave menoscabo del régimen jurídico del Cuerpo» y de «vulneración frontal del marco constitucional».
El precedente del Tribunal Constitucional
APSITAL recuerda que el Tribunal Constitucional estableció en su sentencia 25/1983 que la selección y adscripción de los cuerpos nacionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros es competencia exclusiva del Estado, al formar parte del núcleo de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Esta doctrina constitucional, vigente durante más de cuatro décadas, blindaba el carácter estatal de estos funcionarios, cuya independencia se considera fundamental para garantizar el control de legalidad en las entidades locales, especialmente en municipios pequeños donde las presiones políticas locales pueden ser más intensas.
Antecedentes: el pacto de enero
La cesión ahora materializada no resulta inesperada para APSITAL. La asociación ya advirtió tras el acuerdo alcanzado el pasado 14 de enero entre el Ministerio de Función Pública y la Generalidad catalana que se estaba preparando «un vaciamiento competencial mediante una encomienda de gestión utilizada en fraude de ley».
Aquella alerta temprana se confirma ahora con la inclusión «soterrada» de la transferencia en un decreto-ley sobre retribuciones, lo que la organización considera un «uso instrumental de la legislación de urgencia» que debilita la seguridad jurídica.
¿Qué son los funcionarios con habilitación nacional?
Los secretarios, interventores y tesoreros locales conforman un cuerpo de funcionarios de carácter nacional cuya existencia se remonta al siglo XIX. Su función es esencial en los ayuntamientos españoles. Los secretarios ejercen la fe pública, asesoran jurídicamente y dirigen los servicios administrativos; los interventores controlan la legalidad de los gastos e ingresos públicos locales: y los tesoreros gestionan los fondos y la tesorería municipal
Su condición de funcionarios estatales busca garantizar que estas funciones de control se ejerzan con independencia de los gobiernos locales, evitando posibles injerencias o presiones políticas.
Fragmentación del Estado
APSITAL concluye su comunicado denunciando que esta decisión vulnera los principios de «independencia, objetividad y profesionalidad» que justifican la existencia del Cuerpo. Además, advierte de que la medida proyecta «la imagen de un Estado dispuesto a fragmentar cuerpos nacionales esenciales para el control de la legalidad en las entidades locales».
La controversia se enmarca en el debate más amplio sobre el modelo territorial del Estado y las concesiones que el Gobierno realiza para mantener su mayoría parlamentaria, un aspecto que la oposición no ha tardado en explotar políticamente.
APSITAL agrupa a funcionarios con habilitación de carácter nacional que ejercen en más de 8.000 entidades locales españolas, garantizando el control de legalidad y la gestión económico-financiera municipal.
